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Por Gastón Remy, economista, docente UNJu y concejal del PTS-FIT . El gobierno de la provincia de Jujuy realizó una oferta salarial que consiste en dos aumentos del 10% en los salarios de febrero y marzo (se cobra en marzo y abril). Comparada esta oferta con la inflación de enero (8,5%) y ante las expectativas de un piso inflacionario del 100% anual (6% mensual), el salario comienza el año perdiendo frente a la inflación.
Una dinámica que en el conjunto de la masa salarial de las y los trabajadores estatales se corrobora en forma continua en los últimos cinco años, Además entrando en algunos detalles en los meses donde no hay recomposición salarial (enero y febrero) la pérdida de poder de compra del salario no se recupera luego, dada la dinámica inflacionaria que acumulada supera la oferta del gobierno.
Para el mes de abril se puede estimar una inflación acumulada del 29% frente a un 21% acumulado en la suba salarial. Este hecho solo se podría cambiar si se incorporase una cláusula gatillo que aumente el salario por mes según la inflación de ese mismo mes.
En 2022 la paritaria dio un aumento acumulado del 80,7% contra una inflación de 89,4%. Ante esto los gremios solicitaron una recomposición del 20%; mientras que el Gobierno consideró que no hay nada que tratar sobre el año pasado.
Si consideramos el salario bruto de una maestra con 10 años de antigüedad (que puede tomarse como un salario “testigo”), en 2022 la pérdida neta en valores absolutos del salario fue de $21.700.
Vale aclarar que a esta suma llegamos descontando la primera cuota del bono otorgada en diciembre. En enero y febrero de 2023 no hubo recomposición frente a inflación esperada acumulada del 15%, la pérdida neta es de $12.660 (aquí también descontamos la segunda cuota del bono cobrada en el mes de febrero).
Si ajustamos la pérdida de 2022 por la inflación de ene-feb. esta asciende a ($24.955) y sumando este monto a la pérdida neta ene-feb ($2.660), la pérdida total es de $27.615. A su vez, si consideramos que la última cuota del bono 2022 que se cobra en abril ($20.000), la misma no alcanza a compensar la pérdida ($27.615), quedaría una diferencia de $7.615.
Con todo este desarrollo queremos demostrar cómo la política de bonos (no remunerativos, no bonificables) no resuelve la pérdida del poder de compra del salario.
El gobierno provincial opta entonces por una política de ofertas paritarias por debajo de la inflación y el otorgamiento de bonos, mientras cosecha superávit fiscal. De acuerdo al último informe fiscal presentado por el ministerio de Hacienda de la provincia de Jujuy, en septiembre del año pasado el fisco llevaba acumulado 21.256 millones de pesos a su favor. Por su parte, a septiembre el pago de salarios implicó 68.952 millones de pesos, si esos fondos del superávit se hubiesen aplicado a subir los salarios estos hubieran tenido un incremento total del 90,7 %, ganándole apenas a la inflación.
Resta la cuestión del salario y su relación con la canasta básica total. Siguiendo el ejemplo una maestra con 10 años de antigüedad, su salario de bolsillo fue de $83.876 (fuente Adep) en el mes de febrero. Este monto equivale tan solo al 55% de la canasta básica total valuada en $152.381 para el mes de enero. Por su parte, el gobierno nacional, en la paritaria nacional docente fijó un salario (bruto) mínimo para el docente que recién se inicia a partir de marzo de $ 130.000 (de bolsillo sería de $107.900).
La política salarial de los gobiernos (nación y provincia) deja al salario por debajo de la línea de pobreza. La pelea colectiva debería ser por un salario mínimo igual a la canasta familiar y ajustable por inflación mensual si lo que se pretende es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en un contexto de alta inflación.
