Pedido del gobierno a la justicia federal y a la aduana para que devuelva la coca incautada

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a través de un escrito, solicitó a la Justicia Federal la entrega de los cargamentos de hojas de coca incautados por contrabando tipificado como delito, a los efectos de que sea distribuida gratuitamente entre comunidades indígenas y trabajadores, en particular del campo y de la construcción.

El mismo pedido formuló a la Secretaría General de Presidencia de la Nación, en este caso por las hojas de coca incautadas por contravención.

De esta manera, se apunta a remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal, producto del cierre de fronteras dispuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El desabastecimiento encareció el producto hasta llevarlo a precios desorbitados en la actualidad debido a la crisis sanitaria y epidemiológica que causo el Covid-19.

Además, planteó un protocolo que establece registros, procedimientos, todas responsabilidades, vías de rendición de cuentas y el esquema de reparto gratuito.

Esas hojas de coca no pueden ser comercializadas, por lo tanto, se prevé que los envoltorios a entregar por el Gobierno de Jujuy con un contenido de 50 gramos por persona, llevarán la advertencia de “prohibida su venta”.

En este marco, Morales se entrevistó con el Juez Federal y el Fiscal Federal, además conversó con la titular de la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y con el secretario general de Presidencia de la Nación, Julio Vitobello.

“La legalidad que permite cursar esta petición es el Artículo 15 de la Ley 23.737 de Estupefacientes que legalizó el hábito del coqueo en la República Argentina”, argumentó.

Cabe consignar, que el citado artículo establece: «La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, en la práctica del coqueo o su empleo como infusión, no es considerada como tenencia o consumo de estupefacientes».

Continuó explicando, que “las hojas de coca incautadas por delito están bajo custodia de la Justicia Federal, mientras que las incautadas por contravención están en depósito en Aduana”.

Precisó que “la idea es que se haga cargo el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas” y ratificó que “son prioridad las comunidades indígenas y trabajadores del campo y de la construcción”.

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