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Un policía rionegrino y otras cuatro personas fueron condenados por la justicia de Jujuy a penas de entre 6 y 9 años de prisión, por integrar una banda narco a la que se le secuestró 123 kilogramos de cocaína, dinero y autos de alta gama en la localidad jujeña de Tres Cruces en 2022, informaron hoy fuentes judiciales.
Según detallaron a Télam los voceros, tras una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el Tribunal Oral Federal de esa provincia condenó a los hermanos Néstor, Mario y Juan Carlos Galián -el segundo de ellos policía de Río Negro- a las penas de 8 años y 3 meses de prisión; 8 años y 9 meses y 9 años, respectivamente, por el delito de «transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas», en grado de coautores, en el marco de una operación de tráfico de 123 kilos de cocaína desarticulada el 11 de septiembre de 2022.
Por los mismos hechos, fueron también condenados Juan Quiroga Oropeza y Martina Yaquelina Paiva, quienes recibieron penas de 6 años de carcel, tras sendos acuerdos realizados en un juicio abreviado, que fueron homologados por el juez federal de Garantías de Jujuy, Eduardo Hansen.
Según la acusación fiscal, la organización transportó 123 kilogramos de cocaína en dos camionetas Renault Koleos, una de color blanca y otra gris, que partieron de la ciudad jujeña de La Quiaca rumbo a Buenos Aires.
Adelante de esos rodados iba otro, una Renault Duster Oroch, conducida por Mario Gailán, quien se trasladaba junto a su una mujer y su hija monitoreando la operación narco y logró sortear inicialmente los dos controles de ruta realizados por personal de Gendarmería Nacional (GNA) uno a 6 kilómetros de distancia uno de otro.
Pero las camionetas Renault Koleos no lograron pasar por el segundo puesto de control, donde los efectivos de Gendarmería detectaron actitudes sospechosas y decidieron requisar los trodados.
Fue así que descubrieron a bordo de la camioneta blanca 67 kilos de cocaína, mientras que en la otra hallaron otros 56, que estaban ocultos en el piso y en el baúl de los vehículos.
Tras ese hallazgo y la detención de los ocupantes de los rodados, se inició una investigación que incluyó tareas de campo e inteligencia criminal, a través de las cuales se detectaron comunicaciones en idioma «quechua».
Los voceros explicaron que, a partir de su traducción, los investigadores advirtieron los movimientos de la organización, que pudieron ser además detectados mediante el análisis de distintas cámaras de seguridad, en base a las cuales se reconstruyó el recorrido de los rodados, el rol de los acusados y la participación en el hecho de Mario Galián, quien había logrado sortear los controles y fue tiempo después detenido en el sur del país.
Para acusar a la banda, el fiscal tuvo también en cuenta también el testimonio de una contadora de la Dirección General de Aduanas, quien hizo un análisis del movimiento económico injustificado de los acusados, quienes tenían ingresos menores al valor de uno de los rodados, numerosos domicilios y cuentas bancarias.
