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Se realizó este jueves la 4ª jornada provincial de protesta de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Exigen sobre todo elementos de protección personal e incorporación de recurso humano, además del pago del estímulo de 5000 pesos y la reapertura de paritarias.
La Asociacion de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPC), además de la Lista Verde y Blanca de ATE, son las organizaciones gremiales que convocaron a esta movida, tras no haber obtenido respuesta luego de los tres ruidazos organizados con anterioridad. Lejos de eso, los referentes sindicales del sector decidieron retirarse de las reuniones que venían manteniendo con autoridades del Ministerio de Salud.
«Nosotros querríamos que el gobernador reflexiones sobre las políticas que lleva implementadas hasta el momento; es la única persona que puede dar un volantazo. Esto ya no puede seguir así», afirmó Yolanda Canchi, titular de ATSA.
La dirigente consideró que el Ministerio de Salud lleva adelante una «política improvisada» y que el gobierno provincial «debe apuntar a este ministerio y buscar una respuesta clara».
Sobre los motivos de la protesta, dijo que los trabajadores están «agobiados y molestos», y advirtió: «Hoy la pandemia, que es un azote para el mundo entero, a este gobierno lo beneficia porque nos mantiene encerrados, no podemos movilizar. Pero algún día la pandemia va a pasar, se va a poder al menos controlar sanitariamente, entonces saldremos. Y creo que no vamos a ser pocos. Vamos a ser miles en la calle».
El ruidazo, al igual que los anteriores, se expresó en los hospitales y centros de salud de toda la provincia, donde el personal salió a la vereda con carteles para visibilizar sus demandas.
Hace cerca de un mes, el ministro Gustavo Bouhid convocó finalmente a los sindicatos del sector a unas reuniones semanales. Sin embargo, nada bueno salió de esos encuentros. «Fuimos, nos presentamos todos los martes en varias reuniones, hemos planteado algunos puntos en común y otros distintos, pero nada de lo planteado ha tenido respuesta satisfactoria», relató Canchi.
Así es como ATSA decidió retirarse de los encuentros «porque son reuniones de sordos, estériles, que no llevan a ninguna solución», describió.
La sindicalista analizó: «El gobernador y el ministro han trabajado con una política centralizada, es decir, todo el poder acumulado en una o dos personas. Y cuando esto se va desmadrando se ven en la necesidad de deslindar responsabilidades y buscan a quién hacer cómplices de la situación».
Para Canchi, la creación de los COE municipales, hospitalarios y comunitarios se inscribe en esa situación. «Hubieran sido importantes de manera preventiva, pero ahora que está todo desmadrado, la participación es prácticamente inútil», opinó.
Cerca del 30 por ciento de los trabajadores del sector salud de la provincia se contagiaron. Hay incluso dirigentes gremiales que están en aislamiento preventivo por haber sido contactos estrechos de personas infectadas. Por precaución, toda la comisión directiva de ATSA se hizo los testeos, de manera privada «porque no vamos a andar rogando al COE que venga a testear, cuando sabemos que hay tantísima gente que los necesita y no se los hacen», señaló Canchi, y aclaró que en su sindicato todos resultaron negativos para coronavirus.
Se refirió además a las denuncias de presiones y persecuciones a quienes denuncian la precariedad del sistema. «Cuando alguien que forma parte del COE sale opinando algo contrario, lo sacan», afirmó.
«Es vergonzoso. Es lamentable todo lo que pasa. Lo peor de todo es que la ciudadanía está en manos de estos irresponsables», completó.
En la provincia hay más de 1000 trabajadores que no llegaron a cobrar ni una cuota del beneficio de 5000 pesos anunciado por el gobierno nacional, que ya está por cancelar la tercera entrega.
Entre los carteles que reclamaban elementos de protección personal y denunciaban que el 0800 COE «nunca atiende», se destacó uno que expresaba «En Jujuy todos somos Roberto Moya». Moya es el abogado que patrocinó a la concejala de Libertador Patricia Gutiérrez en la denuncia penal que presentó el 17 de julio contra el gobernador Gerardo Morales, el ministro de Salud Gustavo Bouhid, la directora del Hospital Oscar Orías Manuela Cabello y al intendente Oscar Jayat, por «violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de una enfermedad contagiosa en pandemia». Denuncian que el letrado está siendo objeto de persecución.
