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Durante la última audiencia de la etapa testimonial en el juicio oral, público, secreto y confidencial de Pibes Villeros, las hermanas Condori, María y Adriana utilizaron el derecho a declarar que está garantizado en la constitución nacional y lanzaron una grave denuncia contra un funcionario del gobierno de Jujuy y un grupo de abogados, que no pudieron identificar, pero aseguran que “tienen el buffet jurídico en la calle Arenales”. También apuntaron contra su hermana mayor, Elsa, que está prófuga, que habría acordado con el gobierno.
Además de las afirmaciones de las imputadas, en esta instancia, también atestiguaron ante el Tribunal en lo Criminal N°3, Clara Martínez, una cooperativista de la organización social «Libertad» de la ciudad de Palpalá, que estaba a cargo de las hermanas Condorí, y Víctor Mendoza, quien es el líder del «Comité de Víctimas de Milagro Sala» y denunciantes en la causa.
El Palacio de Tribunales estaba semi vació porque cuando un imputado amplía su indagatoria, los demás deben salir y ahí María Condori denunció que “el gobierno puso una persona a perseguirnos a mi y a mi hermana, que debíamos denunciar si o si a Graciela López y esa persona yo la conozco como «Pato» Estrada, quien junto a un grupo de abogados conocidos, pero que no identifico, nos presionaban y apuraban que no tenía opción alguna, denunciar a López y Milagro Sala, si queríamos estar libre porque sino cárcel para nosotras y así estamos dos hace dos años atrás. Siempre nos llamaba, apenas se levantó el acampe”.
Estrada es José Luis, fue intendente de Santa Clara, a fines del siglo pasado por el justicialismo y desde el 2015, trabaja en el gobierno de Cambiemos que lo puso como interventor de la Organización barrial Tupac Amarú y “él nos citó al estudio jurídico de la calle Arenales y junto a otros abogados, que no conozco, nos amenazaban con 10 a 15 años de cárcel sino denunciaba a las dos (Sala y López)
María Condori, quien estalló en llanto, durante los primeros minutos de su declaración, relató que “desde los 11 años militó y trabajó en la CCC y «gracias a mi dedicación y esfuerzo me dieron una casa, junto a mí mamá, pero nunca me imagine que iba a estar presa por algo que no hice: Yo no robe” y aclaró que nunca tuvo problemas con ambas mujeres.
Luego le pidió a las juezas si quieren saber la verdad en el juicio “porqué no buscan a mi hermana mayor (Elsa), ella está prófuga y la veo todos los días en Palpalá, porque tiene su casa al lado de mi casa, donde estoy cumpliendo mi prisión domiciliaria, junto a mis hijos. Ella vendió todas las cosas que usábamos en las obras. Ni yo ni mi hermana robamos nada, no entiendo por qué estamos detenidas».
Tras la declaración de María, le toco el turno a Adriana, quien denunció presiones y golpes de la policía, durante su detención en la comisaría del barrio Ciudad de Nieva y luego en la seccional de la mujer, en el barrio Huaico. Fue coincidente con su hermana y denunció a Estrada como “único responsable de lo que vivimos junto a mi hermana, avalado por el gobierno de Morales (Gerardo).
