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Por Pablo Baca (diputado provincial – UCR). La Unión Cívica Radical ha propuesto que la provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 23.737 que permite asumir competencia en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Actualmente la competencia es exclusivamente federal.
No es posible asumir competencia en todos los delitos contemplados en la Ley de estupefacientes, pero sí en aquellos de ámbito local -que se conocen como “narcomenudeo”- tales como la comercialización o la tenencia con fines de comercialización, el almacenamiento o transporte, cuando estén “fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.
Queda comprendida la venta en los barrios, que los vecinos conocen y frente a la que nadie actúa. Y queda en cambio excluida la tenencia simple para fines personales, que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
Proponemos también la creación de un fuero especial integrado por un juzgado de control y tres fiscalías de instrucción, y de un comité de coordinación para establecer mecanismos de cooperación con las autoridades nacionales.
Según la ley nacional, una vez hecha la adhesión, la provincia tendría que recibir recursos de la Nación destinados a la lucha contra el narcotráfico.
El oficialismo en Jujuy anticipó que no tiene voluntad de acompañar el proyecto. Se invocan razones económicas. Creo que también se niega una realidad o –cuanto menos- no se tiene conciencia de su gravedad.
La necesidad de atender el narcomenudeo
En efecto -y ya en la discusión que queremos dar- es un dato que por Jujuy y Salta pasan grandes cantidades de droga, frente a una justicia federal colapsada, con jueces amenazados y cárteles transnacionales operando en la región. Hay mucha información que da cuenta de la gravedad de la situación. Basta con señalar que la Argentina quedó ubicada en el informe anual de las Naciones Unidas como el tercer puerto proveedor mundial de cocaína. Uno podría igual suponer que es un tema federal y que la provincia no tiene responsabilidad que ejercer.
Pero no se agota ahí. Claudio Mate Rothgerber -que acaba de publicar “La epidemia que nos ha sido impuesta»-, sostiene que el modelo narco local se apoya en el mercado interno de consumo. “Acá el mercado es el barrio y la lógica de negocios hace que la mayor oferta de droga busque la ampliación de los consumidores”.
Daniel Gallo –en La Nación del 25 de febrero- señala que en el crecimiento del narcotráfico en la Argentina tuvo que ver “la consolidación del mercado local, la venta minorista, el narcomenudeo”.
En su artículo describe cómo en los barrios se extienden ramificaciones del mundo narco y aparecen familias que crecientemente se dedican al negocio de la droga. También Horacio Calderón, especialista en crimen transnacional, observa un crecimiento de la venta de drogas al menudeo en el país.
Los testimonios de madres, vecinos y dirigentes barriales confirman las opiniones de especialistas. Se escucha, en particular, una preocupación por menores que son inducidos al consumo y reclutados como vendedores aprovechándose la difícil situación social en la que viven muchos niños y jóvenes.
La responsabilidad de la provincia
En este contexto se debate la necesidad de permite a las policías y justicias locales combatir el narcomenudeo. Están adheridas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Salta. En Santa Fe el Senado local ya aprobó la adhesión.
Ya no se puede sostener que la responsabilidad debe ser exclusivamente federal, adonde debería presentarse hasta quien quisiera denunciar un puesto de venta en su barrio. Los juzgados federales están colapsados -tal como relatan sus propios integrantes- y deben elegir entre las líneas de investigaciones mayores hacia cargamentos importantes o atender la comercialización minorista.
Es un debate urgente. Hay toda una experiencia sobre cómo se despliega el crimen organizado a través de diferentes estadios. Si no se aborda en la etapa correspondiente un conjunto de políticas y prácticas para frenarlo, la siguiente fase avanzará y será cada vez más difícil.
En las provincias asumieron esta lucha hubo resultados positivos. Se permitió desmantelar puntos neurálgicos -a veces totalmente visibles-. También, de las investigaciones provinciales surgieron pistas de averiguación de grandes redes que siguieron a su avance en la justicia federal
No es un tema menor ni mucho menos sencillo. El narcotráfico tiene una gran capacidad para infiltrar y corromper instituciones y fuerzas de seguridad. La desfederalización de la lucha contra las drogas necesita de un sostenido sistema de controles cruzados que incluya la participación de la sociedad civil.
Presentamos proyectos y pretendemos del oficialismo un debate sobre el rol del Estado frente a la creciente violencia asociada al narcotráfico y a los problemas de salud vinculados al consumo. Queremos un Estado en condiciones de adaptarse a los problemas actuales y con la eficacia necesaria para solucionarlos.
