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La fiscala Gabriela Baigún dictaminó a favor de sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Qunita tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública o de abuso a la autoridad.
«La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito», sostuvo en el dictamen.
Baigún formalizó la presentación este mediodía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hará o no el juicio oral y público.
En su dictamen, la fiscala señaló además «una cuestión que estuvo invisibilizada durante el trámite del presente expediente». Se refiere a que «nunca se practicaron medidas conducentes y concretas» para investigar si en la licitación pública el Estado nacional había sido perjudicado.
Escribió: «Por el contrario, en la búsqueda de ese perjuicio potencial se irrogaron perjuicios reales a las arcas públicas, como que se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado».
La causa del Plan Qunita la instruyó el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud nacional y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, entre otros. La semana pasada, la totalidad de los 18 imputados pidieron su sobreseimiento y que no haya juicio oral.
Las dos pericias que se hicieron en la causa, ordenadas por el Tribunal, concluyeron que no hubo perjuicio para el Estado, que no existió direccionamiento de la licitación y, tácitamente, que los kits -moisés, ropita, libros, chupete- cumplían con el objetivo central: reducir la mortalidad de los bebés.
La causa Qunita se inició por una denuncia de Graciela Ocaña, quien presentó un kit alternativo y se basó en eso para decir que existían sobreprecios. En la pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, se determinó que todo lo presentado por Ocaña era inadecuado porque ponía en peligro la salud del bebé y, para colmo, le faltaban 14 de los 42 elementos del kit.
