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25 millones de ciudadanos argentinos vive en situación de pobreza. Ese es el número que estimó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) al estipular que la tasa de pobreza pasó del 44 por ciento a fines del 2023 al 55 registrado en los primeros tres meses de este año.
Por otro lado, la tasa de indigencia casi se duplicó: según la medición de la UCA, en ese mismo periodo se calcula una suba del 9,6 al 17,5 por ciento.
Los números derivan del informe titulado «Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza». Allíse muestra que el brutal incremento se atribuye, en gran parte, al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos, que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.
Al asumir, el gobierno de La Libertad Avanza provocó una devaluación de 114 por ciento y habilitó a subas sin techo, con el lema de «desregular la economía».
Asimismo, el estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, es decir, se ubican por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).
Números alarmantes
El informe precisa que la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se encuentra en una situación aun más grave, con inseguridad alimentaria severa, el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA).
Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA.
Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.
Por su parte, el 20,6 por ciento de los hogares que sufren insuficiencia alimentaria total son alrededor de 3,7 millones de viviendas que albergan a unos 11 millones de habitantes.
La pobreza también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y en la alta dependencia de las ayudas del Estado. El informe detalla que el 42,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria. Además, el 50 por ciento de los menores asisten a comedores escolares, el 36,7 por ciento reciben cajas o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1 por ciento de comedores no escolares.
En cuanto a la mortalidad infantil, el estudio señala que, aunque ha habido mejoras generales en las últimas décadas, persisten importantes disparidades entre provincias, con los niveles más altos de mortalidad infantil correlacionándose con mayores índices de indigencia monetaria.
El déficit educativo es otro aspecto crítico. En el relevamiento se menciona que 23% de los niños de 3 a 5 años no asisten a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los niños y adolescentes de 6 a 12 años asisten con sobreedad a la escuela primaria, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no han terminado la secundaria. Estos datos reflejan el impacto negativo de la pobreza en la educación, a pesar del apoyo del sistema de gestión pública y privada.
El mercado laboral no escapa a esta realidad. El 32,5 por ciento de los trabajadores ocupados residen en hogares en situación de pobreza. Además, el 30,9% trabaja en la economía social, y al considerar la población económicamente activa, el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.
