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La reunión del ministro de Salud, Mario Fiad, con la Comisión de Salud de la Legislatura, dejó insatisfechos a varios. En particular, a las diputadas (PJ) Alejandra Cejas y Patricia Armella, quienes esperaban que el funcionario respondiera con claridad si se usó o no la terapia electroconvulsiva (TEC), dónde se aplicó, con qué equipamiento y quién pagó por ello, según señalaron en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz.)
“El ministro sostiene que ya renunciaron los profesionales y que ya se anuló la resolución. Hasta ahí estamos bien”, concedió Cejas, en referencia a la directora de Salud Mental, María Calvó, y su marido, el director del Hospital Néstor Sequeiros, Eduardo Padilla, cuyos cargos aún no fueron cubiertos.
Pero más allá de estos alejamientos, Cejas cree que el tema no debe abandonarse. “Es evidente que se estaban acomodando las instalaciones del neuropsiquiátrico para el uso de esta terapia”, aseguró.
Su compañera de bloque Patricia Armella afirmó: “Nosotros tenemos información de otros profesionales que aseguran que hubo aplicación de esta terapia, pero al no salir el pedido de informe no vamos a tener por escrito la respuesta del ministro”.
En el pedido de informe, no solo le preguntan al ministro si se usó o no la TEC, sino además le solicitan precisiones sobre el equipamiento. “Tenemos entendido que el Ministerio de Salud no tiene entre sus recursos el equipo para realizar esta terapia, sobre todo porque hoy se utilizan equipamientos más sofisticados, tal como ellos mismos lo han manifestado”, indicó Armella.
La conclusión es obvia: si se aplicó la TEC, debió haber sido, necesariamente, con un equipamiento de otro lugar, ya sea moviendo el aparato al Sequeiros o trasladando al paciente a una institución privada.
Resumiendo: la primera pregunta es si se aplicó o no; en caso de que sea así, dónde y con qué equipamiento, y finalmente, quién pagó y quién cobró por el servicio. Armella dijo: “Son terapias muy costosas y creemos que el que cubrió esos costos fue el ISJ”.
Ante la falta de respuestas claras por parte del ministro Fiad, las diputadas esperan información oficial desde el Hospital Neuropsiquiátrico Néstor Sequeiros. “El Hospital Pablo Soria tenía más información incluso que el propio ministro”, se quejó Cejas, y agregó que están consultando también a las colegiaturas para verificar “que había una efectiva voluntad de aplicar esta técnica”.
“El ministro tendría que haber informado, si no tenía nada que ocultar. Pero lamentablemente no tuvimos el acompañamiento de la Legislatura al pedido para que las autoridades del ministerio respondan lo que no quieren responder”, señaló Armella.
Las legisladoras remarcaron que les llamó la atención el silencio del Colegio Médico sobre el tema, sobre todo cuando hay dos profesionales de la medicina involucrados. “Dos profesionales que además se controlaban entre sí por una relación familiar, una relación que el Ministerio conocía y aun así la permitió”, dijo Cejas.
Recordaron que la aplicación de la TEC va en contra de la Ley de Salud Mental “que escribió el propio Gerardo Morales cuando era senador”, precisó Cejas, y agregó: “Estas desinteligencias nos preocupan y nos llaman la atención”.
Armella, por su parte, se quejó de que en la reunión el ministro Fiad no permitió preguntas ni la presencia de los colegios de profesionales ni de los organismos de derechos humanos, “porque el mismo bloque oficialista dijo que el ministro no había sido invitado para eso”.
En esta línea, Cejas puso la cuestión de la aplicación del electroshock en un contexto más amplio: “Hemos pedido la intervención de los colegios profesionales y de la universidad, porque preocupa la situación de lo que es salud en general”, explicó, y puso un ejemplo: “Hace un mes el ministro dijo aquí en la Comisión que había salido la Ley de Salud Mental y que podíamos avanzar con la Ley de Maternidad. Pero hoy no tenemos ninguna de esas leyes”.
“No nos alcanza la vocación del ministro de decir que sí”, aseveró la diputada, y señaló que “no se sabe si es que el bloque no avanza o el ministro no nos escucha”, pero concluyó: “Ellos son mayoría; ellos tienen el poder de avanzar en esa legislación”.
Para que quede claro su reclamo, recordó que en el recinto se debatió “durante siete horas la ley que regula los boliches, que además en nada favorece la lucha contra el alcoholismo; entonces podemos avanzar con temas urgentes como la salud mental, suicidio y maternidad”.
Controles
Una de las claves está en el control, que a entender de Cejas debería estar en manos de “un espacio interdisciplinario y tiene que estar en cabeza de Fiscalía de Estado”.
“El gobierno tiene que entender que ya no es oposición, que tiene que gestionar y trabajar responsablemente con las herramientas del Ejecutivo”, agregó.
Es más: por tratarse del uso de una técnica invasiva, advirtió la diputada, tiene que haber participación de un juez competente, porque a los enfermos mentales que se los entiende como discapacitados y por esa razón están sujetos a una tutela especial.
“En este caso no hubo participación de un juez, por eso decimos que hay implicancias legales más allá de que la resolución haya sido anulada. En definitiva, no se cumplió con la legislación de fondo, que es el Código Civil”, argumentó Cejas.
La vía legal es también una posibilidad que las diputadas evalúan para exigir que el ministro informe si se aplicó la TEC en algún paciente del Neuropsiquiátrico, “que por ser un hospital público hace que la situación sea más preocupante”, aclaró Armella, y agregó: “Desconocemos si existió el consentimiento informado, porque el paciente tiene derecho a que se informe a los familiares y a él mismo en qué consiste y cuál va a ser el beneficio de utilizar este tipo de terapia”.
Palabra oficial
Tras la reunión con la Comisión de Salud, el ministro hizo declaraciones en las que adelantó que se evaluará la adhesión a la Ley de Salud Mental y a la Ley de Prevención de Suicidios, las que describió como “leyes que forman parte del Plan Provincial de Salud Mental”, y recordó que en el pasado, él mismo y el entonces senador Gerardo Morales “hemos trabajado inmensamente en estas leyes para que salgan”.
Fiad aseguró que la decisión de adherir a esas leyes ya estaba tomada, desde el lanzamiento del Plan Provincial de Salud el 30 de marzo, y que no se encuentra influenciada “por las presiones eventuales que puedan haber surgido desde la política”.
Se refería, claro, a la controversia generada a partir de que el secretario de Salud Mental, José Manzur, autorizó mediante una resolución el uso del electroshock, medida que fue anulada luego de denuncias de distintos ámbitos porque, explicó Fiad, “no está enmarcada en el proyecto de gobierno ni en las políticas de Salud Mental y Prevención de Adicciones”.
Lo que no explicó el ministro es cómo pudo haberse cometido un error de tal magnitud, ni si acaso el secretario Manzur desconocía esa parte del proyecto de gobierno.
Lo que sí aseguró es que entre la firma de esa resolución y hasta su derogación “no se realizó la terapia en ningún momento”.
