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Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS enviaron una nota a la Cancillería argentina en la que piden «al Estado argentino que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala”.La nota está dirigida a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
Las tres organizaciones firmantes son las que presentaron la denuncia original sobre la cual el Grupo de Trabajo de la ONU emitió la semana pasada la resolución en la que pide al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala por considerar que su detención es arbitraria.
Para llegar a esa conclusión, el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, que fue aportada tanto por las organizaciones que realizaron la denuncia internacional como por el propio Estado.
También le encomendó al Estado que informe sobre las medidas de seguimiento de la resolución, entre las que se incluyen: a) la fecha de su liberación, b) si ha tenido lugar algún tipo de reparación, c) si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la Sra. Sala” y sus resultados, y d) qué medidas se tomaron para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional.
En la nota enviada a Malcorra y Avruj, remarcan que «la decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina» y agregan: «Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino».
«Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones. Tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes», señalan.
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