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Dirigentes políticos de izquierda y referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron este martes distintos recursos judiciales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta, una medida que se espera se implemente este miércoles cuando la Unidad Piquetera y otros colectivos marchen desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.
Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, en tanto, denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo anunciado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras una reunión de gabinete encabezada por el presidente, Javier Milei.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente este martes para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Fierro había pedido el dictado de una medida cautelar urgente para que, hasta que se resolviera la cuestión de fondo, el Gobierno se abstuviera de aplicar el protocolo en las protestas callejeras.
La puesta en vigencia del protocolo para el mantenimiento del orden público fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización de la Unidad Piquetera «sea una jornada en absoluta paz» y de «estricto cumplimiento de la ley».
«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente Milei viene pregonando desde la campaña», sostuvo en la conferencia de prensa.
Esta mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo al conmemorase 22 años del estallido social que derivó en 2001 en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, tras una represión policial que terminó con el asesinato de 38 personas a manos de las fuerzas de seguridad.
«Las amenazas de Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados, que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra» de Seguridad, advirtió Pitrola en declaraciones a Télam.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».
Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
«El protocolo -indicaron las organizaciones- establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas», indicaron en la denuncia.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
En tanto, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo de mantenimiento en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
