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La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir brindó una conferencia de prensa en la puerta del Hospital Materno Infantil para denunciar que se están vulnerando los derechos de la niña de 12 años que cursa un embarazo producto de una violación, al no practicársele la interrupción legal prevista por la legislación vigente. Convocaron a una presencia a las 16 horas en ese lugar, para reclamar que se realice la intervención.
Acompañadas por representantes de colectivos feministas, recordaron que desde 1921 está previsto en el Código Penal el aborto no punible en los casos en que hay riesgo de vida de la mujer gestante, sin restricción de la semana gestacional.
Las profesionales precisaron que este marco normativo no solo implica el derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en el servicio público de salud -sin necesidad de ninguna autorización judicial- sino que además obliga a los efectores de salud a realizar la práctica cuando la mujer gestante la solicita.
En el caso de esta niña, ella misma manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, pedido que es acompañado por su madre desde el primer momento en que se presentó en el Hospital Paterson de San Pedro, cuyo director, Marcelo Villa, demoró la decisión y terminó derivando el caso al Materno Infantil.
«Aquí se están vulnerando los derechos de la niña con medidas dilatorias, cuando se trata de una víctima de un delito penal, como es una violación», expresaron, y recordaron que Jujuy es una de las provincias con mayor tasa de embarazos en niñas menores de 15 años.
Las profesionales remarcaron que se trata de un problema de salud público, por cuando la provincia no está cumpliendo con los protocolos vigentes. «Es una práctica médica que no necesita autorización judicial ni evaluaciones ni nada; es un acto médico que debe realizarse bajo el secreto profesional, por lo que acá además se están violando son los principios rectores del protocolo, la celeridad, la confidencialidad y la privacidad».
En este sentido, detallaron que rige el Protocolo de ILE aprobado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Nación, a partir del fallo FAL de la Corte Suprema, que no prevé plazos en el tiempo de gestación para la interrupción. La provincia de Jujuy adhirió a este protocolo a través de una resolución ministerial.
También está vigente en la provincia otro protocolo de embarazo en menores de 15 años, aprobado recientemente con apoyo de Unicef.
«El estado no está cumpliendo con su obligación de respetar el derecho de esta niña, y además la están hostigando para que lleve adelante un embarazo forzado. Eso es tortura», afirmaron.
En este marco, las profesionales denunciaron a quienes están obstaculizando la práctica y advirtieron que esta situación «puede derivar en una demanda por falta de cumplimiento de obligaciones».
«Estamos hablando de salud integral, no solo física sino también biopsicosocial. Esta niña no tiene un cuerpo para sostener una gestación; el embarazo en sí ya es un riesgo y sabemos que las chances de morir, tanto si se sigue adelante con la gestación como si llega al parto, aumentan cuando se trata de menores de 15 años».
«Por todo esto -advirtieron- se trata de una obligación indelegable del Estado de hacerse cargo de lo que está pasando con esta nena, más allá de las opiniones de cualquiera, porque hay una ley que se tiene que cumplir».
La conferencia de prensa, que se realizó este mediodía, fue en respuesta a la presencia de representantes de los grupos denominados «provida», que se instalaron en la puerta del Materno Infantil para reclamar que no se realice la interrupción del embarazo. El abogado Fernando Bóveda informó a los medios que se hizo una presentación judicial para evitar la práctica. También se hizo presente la diputada nacional radical Gabriela Burgos, activa representante de los «pañuelos celestes».
Repudio y denuncia
La Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito – Jujuy difundió un comunicado en el que expresa:
Denunciamos y responsabilizamos al ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Dr. Gustavo Bouhid, y al Estado provincial por el incumplimiento del protocolo ILE a la niña de 12 años embarazada por violación, no aplicando celeridad ni confidencialidad según
principios rectores del mismo, afectando la salud integral biopsicosocial de la víctima y su familia. Repudiamos la presencia de la diputada nacional Gabriela Burgos, quien desconoce las leyes a las cuales dice representar, participando del hostigamiento que llevan a cabo grupos antiderechos desde ayer en la puerta del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana.
Responsabilizamos al Gobierno de la provincia por la violencia institucional y la revictimización del caso.
Será Ley.
