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El miércoles pasado, la ONG Juanita Moro conmemoró un aniversario más de la promulgación de la Ley Nº 9.143, conocida como la Ley Palacios, y lanzó la campaña “Sellemos la trata. Sin clientes, no hay trata”, en la plaza Belgrano. También entregó de material informativo con el fin de sensibilizar y concientizar al público en general. «Jujuy es la principal provincia donde se engaña a las jovencitas con falsas promesas», recordó la diputada Cristina Romano, en diálogo con El Submarino (FM Conectar, 91.5).
Romano, una de las “Juanitas”, destacó la importancia de informar y sensibilizar no solo a la ciudadanía sino sobre todo a quienes tienen poder de definir políticas públicas sobre el tema. «Hay que seguir insistiendo y sensibilizando a toda la ciudadanía y en especial a los funcionarios de los distintos poderes, porque si bien no son casos de todos los días, hay casos reales que están en la justicia», señaló.
Advirtió además que «como provincia de frontera tenemos que estar atentos, y para eso es necesario profundizar todo lo que tiene que ver con la prevención, con sensibilizar y dar a conocer qué es lo que existe, qué se les puede brindar a los familiares a los jóvenes en todos los lugares”.
En ocasiones, uno de los obstáculos es la idea de que si una joven se va de su casa por propia voluntad, solo cabe esperar que vuelva o aparezca, sin vincularlo con la problemática de la trata. Además, cuando la joven aparece, no suele darse a conocer públicamente.
Al respecto, Romano señalo: «Está naturalizada la fuga de hogar, y es lo que se dice cuando una joven se pierde, que fugó. Entonces les dicen a los padres que esperen varias horas, pero no debe ser así, se debe tratar el tema con urgencia».
Sobre algunas situaciones que no están claras, indicó que «deben trabajar articuladamente el Poder Judicial, el Ejecutivo, la policía provincial, la federal y otros organismos, porque no es solo la trata con fines sexuales sino también la laboral».
-¿Qué hace la organización frente a un caso de desaparición?
-Nosotros tomamos el caso, llamamos al 145, que es la línea directa, y a partir de allí tiene que actuar un fiscal de oficio. Eso es lo más directo ante estos hechos ya que hay desidia y desconocimiento, hay poco interés en acompañar a estas familias. Nosotros podemos acompañar e insistir, pero el Estado debe estar presente ante estos hechos. Debe haber un control, como hay en otras provincias, donde distintos organismos toman los casos en el momento.
-¿Existe algún protocolo de actuación frente a la desaparición de una joven?
-Sí, se ha trabajado con un protocolo, inclusive dentro del marco del Mercosur, para el funcionamiento de los organismos que están en las fronteras. Se trabajó y salió publicado, y necesita ser más difundido. Para saber cómo actuar y conocer los protocolos existentes. En Jujuy es necesario trabajar en uno propio, que involucre al Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo, la Policía… Eso es lo que falta.
-¿Hasta dónde es aconsejable dar información sobre los casos puntuales? Hay quienes sostienen que se debe tener cautela, y de hecho muchos casos desaparecen de los medios y no hay ninguna actualización de la información.
-Resguardando a la víctima, debe haber información. Hay casos extremos, como la chica Aramayo, cuyo asesinato todavía está en un proceso de juicio. Hay que tener en cuenta el informe de la Unidad Fiscal de Asistencia de Trata de Personas, que dice que Jujuy es la principal provincia donde se engaña a las jovencitas con falsas promesas. Son muchas las mujeres que cayeron para esclavizarlas, para hacerlas trabajar en los prostíbulos. Nosotros hemos pedido el proyecto de ley de cierre de prostíbulos, que es una herramienta importantísima, pero todavía no se trató. Los diferentes bloques dijeron que iban a acompañar. También hemos pedido la articulación de un comité interinstitucional que debía ser respaldado por ley e integrado por funcionarios, pero es un tema en el que hay que seguir trabajando.
