Integrantes de la comisión que investigó los hechos de violencia institucional ocurridos en Jujuy el año pasado, en el marco de las protestas contra la reforma parcial de la Constitución, están en la provincia para presentar el informe que elaboraron sobre la base de denuncias y testimonios recogidos en el territorio. A pesar de haber anunciado la visita, no lograron que los reciba el gobernador Carlos Sadir ni referentes del Poder Legislativo.
La Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional fue creada a fines de agosto de 2023 por decreto del entonces presidente Alberto Fernández con el objetivo de recopilar los hechos de abuso de autoridad, hostigamiento y persecución cometidos contra manifestantes durante y después de las protestas contra la reforma. Luego de cuatro meses de trabajo, se elaboró un informe que fue presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Congreso Nacional.
En esta oportunidad, representantes de la Comisión viajaron a Jujuy para presentar sus conclusiones a los tres poderes del Estado provincial. Se reunieron con el procurador Sergio Lello, del Ministerio Público de la Acusación, y con parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. En tanto, esperaban una respuesta de la Legislatura que hasta última hora de este jueves no había llegado.
«Dado que cambiaron las autoridades y la situación en materia de derechos humanos está en retroceso, y cada vez más grave, decidimos viajar a la provincia al cumplirse un año y presentarle las conclusiones a las autoridades de la provincia de Jujuy», explicó Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Así es como este miércoles se reunieron con seis de los nueve integrantes de la Suprema Corte. «Nos escucharon y nos agradecieron que les hayamos presentado el informe», relató la abogada.
«Les contamos que este informe, además de ser presentado ante autoridades nacionales, también fue remitido a organismos internacionales de derechos humanos que el año pasado se habían manifestado por los hechos de represión», continuó. Es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que se había comprometido a dar seguimiento a la situación en la provincia de Jujuy, particularmente a las violaciones a las comunidades originarias y de las poblaciones campesinas, y a mantener contacto permanente con los referentes de la Comisión Investigadora.
En el mismo sentido se expresaron ante el procurador Sergio Lello Sánchez, con quien también se reunieron este jueves.
Distinta fue la situación respecto del Ejecutivo provincial. Katz contó: «Previo a venir, mandamos correos electrónicos a todos los funcionarios. A la Corte, al Ministerio Público de la Acusación, a la Legislatura y al gobernador. Fuimos a la gobernación, primero nos dijeron que no nos podía recibir porque no estaba, dijimos que volvíamos más tarde y nos respondieron que en realidad estaba en el interior de la provincia. ‘Entonces volvemos mañana’, dijimos, y nos contestaron que el gobernador iba a viajar y entonces no nos iba a poder atender».
«Claramente no hay una intención de recibirnos», concluyó la abogada, y adelantó: «Vamos a seguir insistiendo».
En conferencia de prensa brindada por la mañana en la sede del Cedems, los referentes de derechos humanos advirtieron que «el gobierno provincial está obligado a generar un mecanismo o política pública de reparación» para las víctimas de la violencia institucional desplegada el año pasado, «porque en este informe se da cuenta de muchas violaciones a los derechos humanos».
«El órgano judicial tendrá que buscar a los responsables políticos que tienen que reparar las violaciones que produjeron», afirmaron.
Mientras esperan una respuesta favorable del gobernador Carlos Sadir, los integrantes de la Comisión van a presentar su informe este viernes en Tilcara para regresar por la noche a San Salvador de Jujuy.
Informe final sobre violencia institucional en Jujuy: «Violación sistemática de derechos»