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Este jueves a las 10.00 horas, en la sala del Tribunal Oral Federal Nº 1, se llevará a cabo una nueva audiencia en la causa que hace siete años impulsa el senador nacional (UCR) Gerardo Morales, por un escrache que sufrió en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en 2009.
Desde el Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y la organización barrial Tupac Amarú afirman que “el senador acusa a Milagro Sala, sin fundamentos y sin haber aportado un solo elemento probatorio a la causa, de haber sido la autora intelectual».
Destacan además que «la dirigente social se presentará ante la justicia federal como cualquier ciudadano, sin ampararse en los fueros” como diputada provincial.
Por otra parte, en una asamblea autoconvocada este lunes por los integrantes de la Tupac Amaru, por unanimidad, los 900 delegados y presidentes de Cooperativas resolvieron realizar una vigilia desde el miércoles a las 18.00 horas en Plaza Belgrano y una marcha provincial para acompañar a Sala en la audiencia del jueves.
El Tribunal integrado por Mario Juárez Almaráz, como presidente de trámite, y los vocales María Cataldi y Federico Díaz, deberá resolver si otorga el derecho a probation solicitado por la defensa de Sala.
Según la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema de la Nación en el caso Acosta, la solicitud de suspensión del juicio a prueba “no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente”, indicaron desde la defensa de la dirigente social.
En ese marco, los abogados indicaron: “Existe una clara intención política detrás de la causa porque no hay prueba alguna que permita señalar a Milagro Sala como autora intelectual del hecho. No hay elementos probatorios que determinen la instigación a tirar huevos en los más de siete cuerpos que tiene la causa”.
Agregaron que el expediente “ha ido y venido a la Corte Suprema en varias oportunidades impulsadas por Gerardo Morales con el propósito de tener cobertura mediática. La acusación sólo tiene un objetivo: estigmatizar a las organizaciones sociales y criminalizar la protesta social. No puede sostenerse una causa durante siete años, empleando recursos del Estado y del Poder Judicial por un escrache con unos huevos”.
En relación al pedido de probation, la defensa señaló: «El ejercicio de este derecho constitucionalmente reconocido pretende poner fin a una persecución política orquestada por Gerardo Morales y no significa reconocimiento alguno de haber sido parte en cuestión».
