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Se realizó una inspección ocular en Mina El Aguilar por el sexto juicio de lesa humanidad

Durante la jornada del jueves pasado, se llevó a cabo la inspección ocular en Mina El Aguilar, medida que se dio en el marco del 6° juicio por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

Los protagonistas de la jornada, sobrevivientes del terrorismo de Estado que fueron parte del sindicato minero, Roberto Quiroga y Rubén Cari, quienes estuvieron en calidad de testigos.

La medida comenzó pasadas las 13 horas en el salón comedor de la compañía minera, bajo la supervisión de la jueza federal María Alejandra Cataldi. Participaron miembros del Tribunal Oral Federal, de la fiscalía, la parte querellante y la defensa de los imputados.

Además, estuvieron presentes integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. Jujuy, del programa “Verdad y Justicia”, del Equipo de Acompañamiento a Víctimas de Terrorismo de Estado de la Secretaría de DDHH de la provincia.

El registro de cada uno de los sitios que los testigos citados señalaron como relevantes para la causa, lo llevó adelante la unidad de criminalística de la gendarmería nacional. Y por supuesto, la compañía minera, designó personal jerárquico y técnico (tres), para guiar y controlar al grupo en su recorrido por el predio.

Los secuestros se llevaron a cabo en los domicilios, lugares de trabajo de las víctimas y dentro del complejo minero, los traslados se hicieron en vehículos de la empresa, luego fueron alojados en distintas dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Para, con posterioridad, ser traslados a la Unidad Penitenciaria de Gorriti de la Capital jujeña y desde allí, el 7 de octubre de ese año, algunos de ellos, vía aérea, fueron llevados a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Despedidos y expulsados junto a sus familias, nunca más pudieron volver a esa localidad.

Para el ´76, el complejo minero estaba en manos de St. Joseph Lead Company y su subsidiaria local National Lead Co. (St. Joe Minerals Corporation), con domicilio legal en Nueva York, el presidente del Directorio era Eduardo María Huergo, y el Gerente o Superintendente General de la empresa, Ralph Christopher Flow, la fiscalía pidió la detención e indagatoria de los directivos, pero ya habían fallecido.

Aunque, en esta causa fueron procesados los civiles Eduardo Andrés López, Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, por haber intervenido en carácter de personal jerárquico, facilitando los datos personales, señalando a las víctimas, y también los vehículos del operativo, ninguno de estos operadores civiles llegó a juicio, por haber fallecido o por cuestiones de salud.

Sí están siendo juzgados por su responsabilidad criminal en estos hechos: Raúl Borges Do Canto (Gendarme), Roque Inés Cari (Policía de la Provincia), y 5 agentes del servicio penitenciario: Mario Marcelo Gutiérrez, Ramón Armando Herrera, Herminio Zarate, Orlando y Carlos Ortiz.

Cari, ex preso político, inició su participación indicando que era necesario dirigirse a la antigua zona de extracción minera, aunque advirtió: “No sabemos cuál es el estado en el que se encuentre el lugar donde funcionaban las oficinas y donde estaban las viviendas, podría estar derrumbado después de tantos años de abandono”.

En ese momento, y en representación de la empresa Mina Aguilar, se presentó Facundo Gordo, jefe de relaciones laborales, quien se puso a disposición de la comisión encabezada por la Dra. Alejandra Cataldi y explicó: “Cómo bien dijeron los señores, hay lugares que cambiaron bastante desde hace 40 años hasta ahora, pero no habría ningún problema en acompañarlos” y designó personal de seguridad para que se pueda ingresar en las zonas.

Por su parte, la abogada querellante, María José Castillo, solicitó ante todos los presentes que: “Se realice el mismo recorrido que los mineros transitaban en el año 1976, para que puedan rememorar de la forma más completa posible sus respectivas detenciones y explicar cómo era el movimiento en la mina durante sus jornadas laborales”.

La solicitud fue aprobada y la jueza dispuso lo siguiente: “Vamos a empezar desde lo más alto primero y de ahí vamos bajando”. Entonces la comitiva partió con rumbo a la Veta Mina.

“No me acuerdo muy bien, pero creo que esto solía llamarse comandancia El Aguilar o puesto El Aguilar, es el antiguo lugar donde se asentaba la Gendarmería Nacional”, indicó el ex preso político Roberto Quiroga. “¿Aquí trabajaba Borges Do Canto?” preguntó la fiscal Marina Cura, a lo cual el testigo respondió afirmativamente: “Así es. Él tenía su domicilio en el molino, y de ahí venía y tomaba servicio aquí”.

Ambos testigos aseguraron que los uniformados se movían en vehículos que la empresa minera les suministraba, y en los mismos fueron transportados cuando los detuvieron: “La gendarmería tenía a cargo la seguridad de todo el campamento y de la zona de la Veta Mina, y la empresa les brindaba todo el transporte que la gendarmería les pedía o necesitaban”, remarcaron.

Al llegar a la veta, la zona más alta del complejo minero, ubicada a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar, una vista panorámica permitía ver a lo lejos las viejas y deterioradas construcciones, el testigo expresó: “Eso que se ve son unos murallones, encima de esos murallones estaban las viviendas de los trabajadores y sus familias. La empresa construía las casas en hileras que se llamaban ‘corridas’”.

Las “corridas” es el nombre con el que se llama al conjunto de casas destinadas a los mineros, con una lógica obrera de construcción, estaban casi en la ladera de los cerros, ubicadas en hileras una al lado de la otra, las hileras de forma escalonada. Había corridas de solteros que tenían un solo baño para 7 viviendas, que estaba dispuesto al lado de la última, también había corridas para parejas sin hijos y para parejas con hijos, todas numeradas. Al finalizar los ´70, había alrededor 1600 casas para ser habitadas por casi 7000 habitantes.

Brindando aún más detalles sobre la vida en aquellos años, y su posterior detención, Cari rememoró: “En el año 1976, yo me desempeñaba como secretario adjunto del sindicato, el secretario general era Rafael Guzmán, como el campamento estaba dividido en zona Molino y zona Veta Mina, Guzmán se encargaba de atender los reclamos de la zona del molino y yo de la Veta, cuando había reclamos más grandes recién uníamos ambos sectores”.

Tal actividad gremial no pasó desapercibida por las autoridades de la empresa minera, tomaron cartas en el asunto. “Yo tenía mi vivienda en el segundo paredón”, dijo emocionado, “todavía se puede ver una pequeña escalinata desde aquí. Ahí es donde me detuvo a mí la gendarmería, me subieron a una camioneta y me llevaron hasta la seccional de policía que estaba en el nivel 6”, agrego Cari.

Ante estas declaraciones, la jueza federal Alejandra Cataldi solicitó al equipo de seguridad, acceso al mencionado “nivel 6”, a unos pocos minutos de recorrido, ya en ese nivel, y ante un camino obstruido e intransitable por recientes derrumbes, se podía apreciar la extensa casa en ruinas que en décadas pasadas albergaron a los mineros junto a sus familias. “uno de los campamentos obreros también era llamado por los trabajadores ‘Valle feliz’ y el que se ve al frente del campamento obrero es el que se conocía como el campamento staff”, indicó el testigo Cari, apuntando con su dedo las casas de los jerárquicos de Mina El Aguilar.

En medio de su declaración, Cari recordó que un oficial con su mismo apellido, participó de varias detenciones ilegales durante el año 1976. “Roque Cari era un policía, él fue quien detuvo a Bejarano y Espinoza, y también había otro oficial, de apellido Valerio. Si no me equivoco era un sargento”. Roque Inés Cari está acusado en este juicio por ser autor de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad calificada por su duración superior a un mes.

Por otro lado, Roberto Quiroga detalló los servicios con los que contaban: “En toda esta zona de la Veta Mina hay muchas cosas que quedaron sepultadas con el paso del tiempo, había una enfermería, un hospital, la escuelita, la galería donde vivían los maestros que venían a enseñar” y agregó: “Recuerdo que más arriba están los niveles 1, 2 y 3, lo sé porque yo entraba gracias a que era el mecánico y me llevaban para reparar las máquinas”.

En ese lugar, Cari, contó cómo habían sido secuestrados algunos de sus compañeros: “De aquí salía el mineral que era transportado a través de un cable carril colgante hasta abajo, hasta la zona que llamábamos El Molino donde se hacía el proceso de la molienda. Fue en este sector donde trabajaban mis compañeros, Martiniano Espinoza y Juan Bejarano, ellos fueron detenidos en su trabajo, en construcciones, sección mecánica”, y añadió: “Muchos compañeros nuestros fueron arrestados directamente a la salida del socavón, a la salida de su trabajo, no tengo el recuerdo de sus nombres, pero fueron varios”.

Por su parte Quiroga indicó: “Los obreros que fueron detenidos a la salida del socavón ya estaban sobre aviso de que algunos iban a ser detenidos. Esto sin dudas fue una entregada de la empresa, sino no se explica que nos vayan a detener a nuestras casas y directamente al trabajo, nos marcaron y en esto se ve la complicidad de la empresa con las fuerzas armadas. Luego de detenernos nos encerraron y no nos hicieron nada, pero cuando nos mandaron a la Quiaca, ahí sí que nos dieron palo”. Faustino Farfán, otra víctima, en su declaración testimonial dijo haber visto la lista.

Dejando atrás el “nivel 6” y el “nivel 8”, se inició el descenso, la inspección se trasladó a la zona industrial y urbana conocida por los pobladores como “El Molino”. La primera parada fue en la casa donde Quiroga y su familia vivían. Él pidió pasar por allí, se paró frente a la puerta y dijo entre sonrisas que si pudiera entraba y se quedaba en la casa.

A unas cuadras de lo que fuera su residencia, se hizo la segunda parada, al lado de la inmensa cancha de césped sintético cuyo verde es imposible que pase desapercibido en medio de la aridez del pueblo. Allí, Roberto Quiroga, describió lo que había vivido ese 12 de abril de 1976, “Muchísima gente entraba a trabajar esa vez, yo venía por esta altura más o menos, y un gendarme vino de frente y otro por atrás, y aquí me aprendieron. De aquí me llevaron a la policía que está más arriba, me llevaron caminando. Todo fue muy rápido así que no hubo resistencia”, sostuvo.

Cari indicó que fue puesto en una celda desde las 8 de la mañana hasta las 16:30, momento en el que personal de gendarmería lo trasladó hacia el escuadrón 21 de La Quiaca, luego a la localidad de Tres Cruces desde donde fue transportado hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, hacia el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) para finalmente ser confinado en el penal de Gorriti.

“La empresa nos tenía señalados a todos y la gendarmería nos tenía individualizados y sabían en qué lugar y hora encontrarnos. Por eso nosotros involucramos a la empresa en lo que sucedió. Especialmente los 12 detenidos que fuimos hasta la unidad 9 de La Plata”, denunció.

También Roberto Quiroga recordó su paso por ese centro de detención: “Después de detenerme la gendarmería me trajo hasta la seccional de policía, donde estuve una noche, y al otro día me llevaron a la policía federal de San Salvador de Jujuy, me transportó gendarmería nuevamente. Me entregaron a la federal y al otro día me ingresaron al penal de Gorriti. Si no me equivoco me detuvieron con otras 5 o 6 personas”.

El último lugar a inspeccionar fue la sede del viejo sindicato de obreros de mina Aguilar, un cartel oxidado indicaba que el gremio había sido fundado el 26 de agosto de 1945, los ´40, años simbólicos para el movimiento obrero. Dalmacio Abalos, integrante de la comisión directiva, esperaba en su oficina a los mineros.

Una vez que se acomodó en el escritorio del secretario general, Rubén Cari sostuvo: “El sindicato Mina Aguilar ya no existe, porque ahora estamos adheridos directamente a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), antes nosotros teníamos nuestro propio sindicato llamado Sindicato Obrero Mina Aguilar”.

En el mismo sentido, parado al lado de Cari, Quiroga añadió: “Nuestra modalidad era la de sindicato puro. Atendíamos las obligaciones sindicales luego de nuestro horario de trabajo. Cuando era mucha la actividad que teníamos que realizar le solicitábamos una licencia a la empresa y solucionábamos lo que había que arreglar. Todas esas tareas que realizábamos eran ad honorem”.

El cierre de la actividad se dio en el mismo lugar donde se inició, el comedor del personal jerárquico de la empresa, propiedad de mina el Aguilar, en ese lugar se cedió la palabra a los testigos, Cari y Quiroga, para que pudieran expresar algunas palabras finales si así lo deseaban.

Ante esto, Rubén Cari le hizo saber a la jueza con crudeza los estragos y las consecuencias que había ocasionado el terrorismo de Estado en sus vidas, detalló la situación de extrema vulnerabilidad a la que se vio sometida su familia al ser expulsada del poblado impunemente por la empresa minera: “Nadie se detuvo en ningún momento en pensar lo que pasó con nuestras familias cuando nos llevaron, porque al detenernos a nosotros nuestras familias quedaron completamente abandonadas. Hicieron estragos en nuestras casas, maltrataron a nuestros hijos, a nuestras esposas. Y es algo que no solo me ocurrió a mí, sino a todas las familias de los que detuvieron y encarcelaron”.

Por su lado Roberto Quiroga, completamente conmovido, contó sus añoranzas: “Yo volví hace tres o cuatro años al pueblo, pero a la Veta Mina hace más de 40 años que no subía. Cuando estoy en casa, a veces sueño, sueño con todos estos lugares, sueño que estoy nuevamente en el sindicato, sueño que vengo a hospedarme en el hotel alojamiento, o sueño que vengo al comedor con mis viejos amigos. Agradezco esta oportunidad que nos brindaron de poder relatar lo que nos ocurrió y la oportunidad de haber vuelto”.

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