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Tras hallarse droga y actas apócrifas para el fraguado de causas, siete efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy fueron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En los allanamientos realizados en la Brigada de Toxicomanía y la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy, ordenados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y llevados a cabo por el fiscal federal Pablo Pelazzo, se encontraron elementos que se usaban para plantar pruebas, como cocaína, marihuana y celulares, además de actas para el armado de causas.
La Procuvin, a cargo del fiscal federal Abel Córdoba, inició hace un año una investigación por infracción a la Ley de Drogas, y llegó a pedir los allanamientos a la Seccional 9 y la División Toxicomanía, ambas de San Pedro de Jujuy, que se realizaron semanas atrás a partir de la orden del juez federal 2, Fernando Poviña. El trámite fue encabezado por el fiscal Pablo Pelazzo.
En ambas dependencias, en los casilleros personales de los efectivos, se encontraron 40 gramos de cocaína y 150 de marihuana, además de formularios de actas prevencionales ya completados y firmados por los supuestos infractores, todos elementos relacionados con procedimientos fraguados. La droga estaba ensobrada en pequeñas dosis, por lo que se entiende que la intención era usarla para plantar evidencia en futuros operativos antidrogas. En el caso de las actas, no aparece la certificación de testigos imparciales de los operativos, como debería ser de acuerdo a la ley.
La Procuraduría sabía lo que buscaba, por eso no sorprendió que también aparecieran once celulares, municiones sin inscripción, documentos de identidad y pipas y picadorres de marihuana, todos elementos útiles y necesarios si se quiere dibujar un sumario policial.
“Dimos con el kit completo de armado de causas, drogas en los lockers personales de los policías, actas listas para fraguar causas, motos sin orden de secuestro y sin avisar a los jueces competentes”, sintetizó Córdoba, y calificó de “inaudito” haber podido dar con toda esa evidencia.
La investigación se inició el diciembre de 2013, tras un juicio oral por presunta infracción de la Ley de Drogas contra el dueño de un drugstore, consecuencia de un operativo realizado algo más de un año antes con participación de la Brigada de Narcotráfico, apoyo de Infantería de la Unidad Regional 2 y una agente de la comisaría de Libertador General San Martín.
En ese juicio la fiscalía constató irregularidades en el procedimiento policial, por lo que se finalmente el dueño del comercio y otros imputados fueron absueltos, tras levantarse la acusación. El fiscal entonces puso la mira en los policías que habían participado del operativo: un comisario, dos cabos, tres oficiales ayudantes, un oficial subinspector y todos los que resultaran ser “instigadores, coautores, partícipes o encubridores” del armado de la causa.
