comedores infantiles

«Sin alimento no hay dignidad. ¿Quién cocina por $6,50?»

Por la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos). El hambre es uno más de los resultados de la aplicación de las políticas económicas de la Alianza Cambiemos. El mayor desempleo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial, los mayores índices de pobreza, la mayor inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las asignaciones asistenciales son parte de la realidad que estamos viendo.

La situación del hambre es acuciante en todo el país, pero en Jujuy se suman las políticas del gobierno nacional con las del gobierno provincial que son injustas e ineficientes, y dejan a un lado a los que más necesitan las ayudas públicas. Si bien hoy se discutieron los aspectos presupuestarios del gasto de la Nación en alimentos, quiero describir la situación de mi Provincia.

Pasamos, por ejemplo, de un sistema de compras de alimentos que hacía cada escuela, a que el Ministerio contrate con los proveedores y, como tiene serios problemas financieros, se atrasa en los pagos y privilegia el pago de deudas financieras en lugar de privilegiar la compra de alimentos para los niños que van a los comedores escolares.

Pero también hay que ponerse en el lugar de los proveedores, porque el promedio de retraso de pago es de seis meses; cuando cobran, ese dinero no representa sino una parte de lo que gastan en las viandas que hoy siguen entregando. Es evidente que no es una prioridad política.

La misma lógica de privilegiar a los grandes llevó a que las compras de alimentos ahora no se hagan en los pueblos, y el efecto del gasto del Estado se queda en unos pocos proveedores grandes de San Salvador; y ya no se ven beneficiados los almacenes o los emprendimientos familiares de las localidades chicas del interior, cosa que sí pasaba cuando las compras las hacían las escuelas directamente.

Además, la Provincia no aporta nada propio, sino que los fondos de Nación son los únicos para nuestros niños. Para aquellos niños que no son atendidos en los comedores escolares, y para adultos mayores, y otros grupos socialmente vulnerables, el programa de comedores comunitarios se financia con fondos de la Provincia. La cápita para cada uno de los asistentes -unos 30.000, entre niños y adultos- es de $6,50. Ese es el nivel de alimentación que está recibiendo la población más vulnerable de la Provincia: unos 11 centavos de dólar. Así y todo, a muchos de los comedores se les paga cuatro meses después y varios han tenido que cerrar.

Con estos niveles de inflación, sabemos que las comparaciones son complejas; pero en diciembre de 2015, la cápita que pagaba el Gobierno de la Provincia era de $6, y hoy, cuatro años después, es de $6,50. Esperamos que se hagan cargo quienes deben hacerse cargo de la pésima alimentación de esos 30.000 jujeños que dependen de las decisiones de la Alianza Cambiemos.

Mientras discutíamos en Buenos Aires, en San Salvador las organizaciones sociales estaban reclamando una ley en espejo para la Provincia, porque están ahogando hasta los esfuerzos de la comunidad para dar alimentos a los que más los necesitan. Es la ineficiencia la que hace que los esfuerzos de personas y empresas no lleguen a los que más lo necesitan: los más vulnerables.

Por último, para terminar con los problemas de clientelismo, desde 2011 la ayuda que entrega el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se canaliza por tarjetas magnéticas para que cada uno pueda hacer las compras de mercadería donde quiera y le quede cómodo. Sin embargo, Jujuy volvió al sistema de bolsones.

El sistema de tarjetas, además de solucionar el problema del clientelismo, favorecía a las localidades del interior y pequeños comercios, porque cada quien compraba en su ciudad o, en el caso de que no hubiera locales convenidos, lo hacía en algún lugar relativamente accesible. Y como no se podía retirar en efectivo, las compras quedaban registradas y solo podían ser hechas por el titular. Como ejemplo, en Abra Pampa, en la Puna, había unos seis comercios convenidos que abastecían a 3.900 beneficiarios con sus compras. Hoy, con los bolsones, en cada localidad esos comercios perdieron esas ventas, perjudicando a la clase media y a los trabajadores de esos comercios.

Desde mayo último, tras tres años de desmanejos, están intentado volver al sistema de tarjetas, después de haber destruido lo que ya funcionaba. Hemos perdido tiempo. Pequeños empresarios han perdido ventas y 130.000 familias que son las que reciben las cajas de alimentos han sido sujetas del manoseo. Lo más curioso es que esto solo se le permitió a Jujuy. Ninguna otra provincia reparte bolsones porque -insisto -, desde 2011, desde la Nación se empezó a gestionar la entrega de tarjetas de compras.

El clientelismo de la Alianza Cambiemos con fondos públicos nacionales, en Jujuy. La canasta básica alimentaria muestra aumentos del orden del 70% anual, y no muestra indicios de bajar porque los precios seguirán aumentando por las devaluaciones de los últimos meses. Quienes menos tienen son los que más sufren porque no tienen forma de defenderse de esos aumentos. Así es que la canasta de indigencia muestra, según el INDEC, valores de $4.133,91 por adulto, por lo que para una familia tipo, supera los $12.000 solo para cubrir las necesidades alimentarias de dos adultos y dos niños.

Mientras que, para no ser pobre, un matrimonio con dos niños en edad escolar necesitó $32.000 mensuales en el mes de julio. Que frente al drama alimentario se ofrezcan arroz, fideos y sémola no es aceptable cuando debería estar garantizado el acceso a una dieta más equilibrada. De ahí la necesidad de ayudar a los que necesitan la mano del Estado.

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