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Después de casi cinco horas de allanamiento, la policía de la provincia quedó apostada dentro y fuera de la sede central de la Organización Barrial Tupac Amaru de San Salvador de Jujuy. La medida fue ordenada por el juez Pablo Pullen Llermanos, quien se retiró del lugar cerca de las 23 horas, fuertemente custodiado por uniformados, y se negó a realizar declaraciones a la prensa e incluso a informar oficialmente a los abogados el motivo del procedimiento.
Los efectivos llegaron al edificio cerca de las siete de la tarde, cuando en el interior se desarrollaban las habituales actividades deportivas para niños y adolescentes. Ni el jefe policial del operativo ni el ayudante del fiscal Pablo Riderun mostraron ninguna orden escrita que explicara en el marco de qué causa se realizaba.
Minutos después llegaron al lugar los abogados de la organización, Luis Paz y Paula Álvarez Carreras, a quienes se les negó la entrada. «No conocemos el acta ni los motivos, no nos dejan entrar a tomar participación de este supuesto acto procesal que a esta altura tiene muchos vicios de irregular», señalaba entonces Paz, quien además advertía: «Nos preocupa que estén solos, no sabemos qué están haciendo, qué se están llevando, y quién sabe si no están poniendo cosas».
Por su parte, Álvarez Carreras remarcó: «Vemos este procedimiento, con esta modalidad, en el marco de la persecución política y judicial que se inició contra la Tupac Amaru hace más de dos años. Suponemos que esto debe tener que ver con una nueva causa, porque si tuviera que ver con una causa que ya se está tramitando, nosotros estaríamos notificados, y no es así».
Cuando la policía entró al edificio, los niños y adolescentes que hacían sus prácticas habituales de natación y gimnasia huyeron asustados por semejante operativo.
Finalmente, pasadas las once de la noche, dentro de la sede solo quedó personal policial. Por orden del juez Pullen Llermanos se secuestraron además las llaves del inmueble que estaban en manos de los encargados del edificio, se desalojó el lugar y no se permitió el ingreso de los abogados de la Tupac. Tampoco se permitió el acceso al diputado provincial Juan Manuel Esquivel, referente de la Tupac Amaru. «Esto muestra la falta de estado de derecho que se vive en la provincia de Jujuy, con presos políticos y allanamientos ilegales por parte de la justicia que responde directamente al gobernador Gerardo Morales», advirtió Esquivel.
La medida se tomó dos días antes de que se realice la audiencia preliminar de la denominada causa Pibes Villeros, en la que además de Milagro Sala está imputada la comisión directiva de la Tupac Amaru y exfuncionarios provinciales, por el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas.
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«No les cuadró nada»
Desde la casa de El Carmen donde cumple prisión domiliciaria por orden del propio Pullen Llermanos, la dirigente social Milagro Sala difundió un mensaje advirtiendo: «Seguramente buscan algo que no van a poder encontrar», y agregó: «Los compañeros se comenzaron a reorganizar, a movilizar, y a estos tipos no les cuadró nada».
