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Con matices, la ITE y el FGE realizaron críticas al proyecto de ley de paritarias que envió el Ejecutivo a la Legislatura para su tratamiento en sesión extraordinaria el próximo martes 24.
Los principales dirigentes sindicales se reunieron esta mañana con diputados provinciales, y explicaron sus principales observaciones: la limitación del derecho de huelga ‒planteada en la definición de los “servicios esenciales” y en la prohibición de pago de los días de paro‒ y el requisito de la personería gremial para que los sindicatos participen de las discusiones.
Fredy Berdeja, de la Asociación de Judiciales de Jujuy, que integra la ITE, dijo a El Submarino que “previo a remitir el proyecto, el Ejecutivo tendría que haberlo consensuado con los trabajadores”.
Consideró además que el Estado provincial debió haber reglamentado la ley 4679 que es la norma provincial que adhiere a la nacional. “Creemos que esta ley es avanzada, porque daba una amplitud de participación a todos los sectores, tuvieran o no personería gremial”.
La cuestión de la personería de los sindicatos es eje de la polémica. En el artículo 18 del proyecto provincial se otorga un plazo de un año a las entidades gremiales para obtener la inscripción, condición indispensable para participar de las paritarias. “Los sindicatos quieren tener la personería, pero es difícil por la burocracia del Ministerio de Trabajo de la Nación”, explicó Berdeja.
La intención de los sindicalistas es que los sectores que comiencen la inscripción puedan participar de las discusiones mientras esté en trámite.
Berdeja señaló que además existe preocupación por algunos artículos, como el 15 y el 16, que restringen el derecho de huelga y suspenden el pago de los días de paro. “El Ejecutivo se extralimitó ‒aseguró‒, queriendo dar otra forma a los servicios esenciales que ya están enmarcados en la ley nacional 25877 en su decreto reglamentario 729”.
En este sentido, explicó que “solo se considera servicio esencial cuando está en riesgo la vida o la seguridad de la provincia o el país”. Sin embargo, en el proyecto del Ejecutivo provincial aparecen como servicios esenciales la salud, el transporte, la justicia y la educación. “Es importante cubrir las guardias mínimas”, admitió Berdeja, pero aclaró que “tiene que salir de un consenso, como lo estipula el artículo 24 de la ley 25877”.
Respecto de la prohibició de pago de los días de huelga, señaló que “esto debe ser fruto de una discusión entre las partes en cada caso”.
Otra de las observaciones que hacen los referentes de la Intersindical se relaciona con que los poderes Judicial y Legislativo quedan fuera del convenio colectivo. “Ellos dicen que solo podemos participar en la discusión del salario, pero se deben discutir muchas otras cosas, como condiciones laborales, reglamento interno e ingreso al poder judicial”, indicó Berdeja, y agregó: “Aspiramos a que en un artículo se invite a esos poderes a adherir a esta ley”.
Sobre el tratamiento del proyecto en sesión extraordinaria, Berdeja opinó que “debería ser discutida en ordinarias, previo paso por las comisiones de Trabajo y Legislación, para que salga de un consenso”.
El sindicalista entiende que “todos necesitamos esa ley, los trabajadores y el Poder Ejecutivo”, pero advirtió: “Si no hay consenso de los trabajadores, está claro que ante la necesidad vamos a continuar con medidas de acción directa”.
Fernando Acosta, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y referente de la ITE, estimó que “es necesario reglamentar la ley que está vigente, en lugar de hacer una nueva”.
El dirigente calificó de “despropósito” tanto la cuestión de la personería ‒“quieren tener la facultad de decir quién participa y quién decide”‒ como la limitación del derecho de huelga mediante el no pago de los días de paro.
“Lo que tiene que haber es un acuerdo entre las partes”, afirmó, y recordó: “Cada vez que ha habido una medida de fuerza, disponíamos levantarla con acuerdo entre las partes”.
Dijo además que “es una barbaridad que la protesta sea pagada por el trabajador”, e interpretó: “Es un exceso; quieren controlar y disciplinar, en lugar de responder a los problemas”.
Por el lado del Frente de Gremios Estatales (FGE), Carlos Santillán ‒secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom)‒ también reclamó que el proyecto sea consensuado con los trabajadores antes de su tratamiento.
“Creo que los diputados oficialistas traen imposiciones del Ejecutivo y quieren tratar esta ley, que no fue consensuada con los trabajadores”, señaló Santillán, y detalló: “Ataca el derecho a huelga, algo que no hemos permitido antes ni lo haremos ahora”.
El dirigente se refirió a la cuestión de la representatividad sindical en las discusiones: “Queremos que sea democrático y que estén quienes tengan personería y quienes no la tengan”, dijo, y se refirió al caso particular de su sector: “Los municipales tendríamos que estar discutiendo con nuestro patrón (los intendentes), pero al no tener ley de coparticipación, nos regimos por la 3161”.
“Esta es una ley mordaza para que no entremos en conflicto y para coartarnos la posibilidad de la huelga”, sintetizó Santillán, y agregó: “Esperamos que nos hayan escuchado y que no la traten”.
Anunció luego que desde el FGE se declaran “en alerta y movilización” y que se reunirán para decidir qué medidas tomarán si la ley se discute y aprueba la semana próxima.
Yolanda Canchi, titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), que también integra el FGE, expresó su conformidad con el hecho de que se reglamenten las discusiones paritarias, porque “tiene que haber orden y transparencia”, concedió. Pero remarcó la disconformidad con el proyecto porque “se cercenan los derechos del trabajador con una metodología de la dictadura”.
Para la dirigente, es “una irresponsabilidad” que se trate la ley en extraordinaria, y así se lo hicieron saber a los diputados presentes en la reunión. “Ellos tendrán las consecuencias en las elecciones ‒advirtió‒; no aprendieron que no se pude gobernar con imposiciones”.
