Televisión Pública y Radio Nacional. Retiros voluntarios y odiosas comparaciones

Por Ariel Robert. La recientemente sancionada ley ómnibus denominada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» ( N°27.742 ) declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, otorgándole al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, o sea, que puede modificar estructuras y organizaciones sin pasar por el Congreso de la Nación. Hoy se conoció la Resolución que impulsa el retiro voluntario de todo el personal de los medios de gestión estatal.

No hay plata

Primero se produjo una reducción en la prestación de servicios y en la realización de programas, tanto en el canal estatal (Canal 7 Argentina; ATC; Televisión Pública) como en las estaciones de Radio, AM y FM en todo el país. Estas decisiones han afectado, en el caso de las emisoras de Radio Nacional, a comunidades que contaban con ese servicio para no quedar completamente aisladas, como ha ocurrido con algunas ciudades y regiones de la Patagonia. Definieron retransmitir la señal porteña, originada en los estudios de calle Maipú de la Ciudad de Buenos Aires, eliminando los espacios y programas locales. En la TV Pública, quizá el caso que más repercusión tuvo fue la no renovación del programa «Cocineros Argentinos». La argumentación esgrimida no varía: no hay plata. Y la premisa es eliminar al déficit a como dé lugar.

Ingeniero de la reingeniería

Desde el 1° de Julio fue ascendido a Interventor de RTA quien se desempeñó meses antes como coordinador. Se trata de Eduardo González, sanjuanino, matriculado como Ingeniero Aeronáutico, pero con amplia experiencia en administración de empresas y también vinculado a medios de comunicación. Precisamente González fue impulsado por el abogado Diego Chaher, con quien trabajó en Supercanal y en el conglomerado de medios de Uno Medios y Grupo América. Ahora, Diego Chaher ocupa la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, ampliando su potestad sobre otras empresas, como Aerolíneas Argentinas y AySA, y Eduardo González ocupa el lugar de Chaher.

¿Qué significa el Plan de Retiros Voluntarios?

Empleadas y empleados de RTA (Radio y Televisión de Argentina) Sociedad del Estado, pueden acogerse a esa posibilidad. Es una renuncia pero que establece un acuerdo similar al de una indemnización por despido sin causa, tal como establece la ley 20.744. Estos retiros les son ofrecidos a todo el personal, con excepciones. En el caso de mujeres que tengan 56 años o menos de edad, y para los varones aquellos que tengan 61 años o menos. Para quienes tienen más de esa edad, el acuerdo no es idéntico pero el ofrecimiento consiste en pagarles el 90% del sueldo bruto hasta que alcancen la edad jubilatoria, obviamente, sin cumplir alguna tarea, ninguna función y sin asistir a sus lugares de trabajo.

Ahorro simbólico o real

Los registros oficiales indican que la nómina total, entre empleadas y empleados, en los medios que conforman RTA (49 Emisoras de AM, y otras tantas de FM) más la TV Pública, es de 2361 personas. Estimar la erogación que producirá esta resolución que impulsa Retiros Voluntarios no es una cuenta simple porque hay que considerar condiciones diferentes para cada uno. El cálculo, además, es sobre la mejor remuneración que hayan percibido durante los últimos 12 meses. Sólo se excluye de esta propuesta aquellos que hayan presentado litigios o estén sumariados. La masa dineraria necesaria para afrontar estos retiros es muy significativa. Cabe la pregunta, y entonces ¿cuál será el ahorro ?. Aunque algún mago del Excel dibuje, la respuesta no está en la aritmética económica puntual. Es una definición política: desfinanciar toda empresa del Estado. Desincentivar cualquier posibilidad en la que el Estado preste servicios que pueda prestarse desde el sector privado.

Arbitrarias exigencias

En el año 2023, RTA recibió del Tesoro Nacional y del Ente Nacional de Comunicaciones $ 33.900 millones de pesos, para simplificar ceros, unos 34 millones de dólares. Los ingresos fueron mínimos (como siempre) sin superar los 930 millones de pesos, por venta de espacios publicitarios. Cifras que no explican nada si no se las considera en conjunto y si esas erogaciones carecen de sentido concreto. Si se realiza la división entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires; si se estiman lo costos de energía de cada emisora radial y de cada repetidora de la Televisión Pública; si se consideran las horas de prestación de cada estación, la cuenta no reviste nada para inquietarse. En cuanto a la eficiencia y eficacia, siempre habrá para criticar y discutir. Decir que es deficitaria es innegable, pero por la condición estatutaria, exigir comercializar no ha sido una decisión inteligente.

Las comunicaciones y la maldita historia

En el retorno de la Democracia, la red de medios de aire (radios y televisión) de Argentina estaba controlada por el Estado Nacional. Había escasas ofertas de medios privados. Durante la gestión de Alfonsín, poco se avanzó en la materia y proliferaron las emisoras «alegales», eufemismo para definir que la explotación de radios en Frecuencia Modulada, sin autorizaciones, licitaciones ni permisos, no estaba contemplada en aquel decreto Ley 22.285 de la dictadura. Desde el Poder Ejecutivo se omitieron cláusulas de esa Ley para favorecer a pocos.

Ay, Clarín, siempre Clarín

El caso más significativo fue el beneficio que Alfonsín le concedió al incipiente Grupo Clarín otorgándole la Licencia de Radio Mitre, algo expresamente prohibido en aquella ley, siguiendo preceptos de la legislación internacional en la materia (no podía explotar una licencia de radio ni tv quien editara periódicos). Luego, con la desregulación del Estado -en este caso sí, por Ley- en la era Menem, se concursaron las licencias, licencias que son de explotación privada pero el espectro reviste carácter público y universal, controlado por el Estado. Recién en 2009 se sancionó la Ley más debatida de la Democracia, la 26.522 de Servicios de Comunicación, luego mutilada por la derogación de artículos vitales durante la gestión Macri.

Medios públicos, enteramente estatales

Tal vez uno de los defectos más complejos de todos los gobiernos ha sido otorgarles una denominación inadecuada a algunas empresas. Tanto Radio Nacional como fuera también la Cadena Oficial de Radios y el Canal 7 luego ATC, posteriormente TV Pública, son medios de gestión y propiedad del Estado Nacional. Aunque parezca un detalle meramente semántico, no lo es. La cualidad de «medios públicos» también les cabe a las estaciones de radio tanto AM como FM y a las señales de Televisión Abierta (de recepción gratuita). La diferencia es que mientas desde la gestión e inversión privada, son esas empresas quienes asumen el riesgo del fracaso y las mieles del éxito, en el caso de las empresas estatales, el riesgo y el éxito se miden desde otro lugar. Cabe como nunca el ejemplo de hoy ¿alguna empresa de gestión privada tendría la capacidad de ofrecer Retiro Voluntario a todo el personal y continuar soportando los costos, sin que reciba contraprestación de ese personal?: definitivamente: NO. Así como tampoco podría haber subsistido teniendo un déficit permanente. Por lo cual, equiparar un medio estatal con uno de gestión privada es, concretamente, estéril.

Entronizar y demonizar, deporte nacional

Asignarle al Estado (Institución inasible) carácter sagrado o, por el contrario, diabólico, es un ardid o sencillamente: una estupidez. Toda organización puede ser ineficaz, excelente, eficiente, inútil, dependiendo de quienes y cómo se las administre y cuál es el sentido que se le atribuye. La evidencia es irrefutable. Son cuestiones que pasan por las decisiones soberanas.

Si la ven

La cuna del liberalismo, Inglaterra, primer país en desarrollar transmisiones regulares de radio y de televisión, cuenta con la British Broadcasting Corporation (BBC) sistema de medios de «la corona» cuyos costos son soportados a través de un gravamen, o sea, un impuesto. La BBC ha sido desde siempre un brazo de extensión de las políticas de Gran Bretaña, hacia adentro y en el extranjero, y en términos clásicos, absolutamente deficitaria. Es elocuente que la instrumentación de ese mega medio no persigue ventajas financieras. Los estatutos de la BBC siguen siendo un faro de gestión «pública» e independencia de la coyuntura política. Si quisiéramos comparar, nuevamente cometeríamos un grosero error conceptual. Esta institución comunicativa desarrolla contenidos (como también se hizo en Argentina y con excelentes resultados) que no solo proveen a las pantallas de televisión sino a Radios en todo el mundo. Traduce sus contenidos sonoros a 27 idiomas. Pero antes de aplaudir, hay que conocer el presupuesto que destinan y como dato de corolario: su Plantel (personal directo) hoy es de 22.219 personas, o sea, hay que multiplicar por 10 antes de que aparezca una opinión infundada.

Una etapa nueva con una vieja receta

Esta resolución revela el carácter y la intención de la gestión de Javier Milei al frente de un Estado que -como él mismo declaró- pretende destruir, y en esto, a fuerza de honestidad, está siendo eficiente.