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Traslado de extranjeros: Morales incumplió el decreto presidencial y el Código Penal 

«Con ese traslado, el gobernador vulnera todas las medidas dispuestas por el decreto presidencial y también el Código Penal», afirmó la abogada Malka Manestar, de Andhes, en referencia a la expulsión dispuesta por Gerardo Morales de un grupo de extranjeros que permanecían en La Quiaca cumpliendo con la cuarentena obligatoria. El micro que los llevaba fue detenido en la entrada de la Ciudad de Buenos Aires.

Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), Andhes estuvo monitoreando la situación desde que el grupo quedó varado en La Quiaca al iniciarse en todo el país el período de aislamiento social preventivo obligatorio. Ayer presentaron un habeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy para conocer las razones del desplazamiento, que fue rechazado por la Justicia y apelado por las organizaciones.

En diálogo con el programa Que vuelvan las ideas (AM 750), Manestar relató: «Veníamos acompañando a estas personas, que estaban en Jujuy pero sin intención de quedarse. Algunas iban a regresar a su país y otras seguían rumbo a otra provincia. Habían entrado antes del cierre de las fronteras».

En el grupo hay personas colombianas, venezolanas y peruanas. El martes pasado les comunicaron «informalmente» de que iban a ser trasladadas «por decisión del gobernador de la provincia, sin certeza sobre adónde las llevaban ni cómo», continuó la abogada.

«Estamos muy preocupados. La medida fue una disposición política del gobernador de Jujuy, que decisió que se vayan y resuelvan su situación como puedan, sin articular como correspondía con las autoridades nacionales ni con las de CABA o la provincia de Buenos Aires».

Lo que sí hizo Morales fue contactarse a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia con los consulados correspondientes, pero ninguna autoridad nacional estaba al tanto de que estas personas serían llevadas hasta Buenos Aires.

«La situación es gravísima, es una locura. Pone en riesgo al grupo y vulnera todas las medidas del decreto presidencial y el Código Penal. Esa gente podía ser detenida en cualquier otro lugar. Es una locura», analizó la abogada.

Por  otro lado, llamó la atención sobre el tratamiento que los medios le han dado al tema: «Se pone el foco sobre el grupo de personas que son víctimas, estigmatizando, criminalizando, y con expresiones discriminatorias de todo tipo».

«Esperamos que se tomen todas las medidas de protección necesarias hacia este grupo, más allá de su condición de nacionalidad y su situación migratoria. Y que sus necesidades básicas puedan ser contempladas hasta tanto puedan volver a movilizarse», pidieron las tres organizaciones a través de las redes sociales, y exigieron que la Justicia «analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria, así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del Covid-19».

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