Una adolescente contó en una clase de educación sexual que fue abusada por su abuelo 

Una adolescente reveló que era víctima de abuso sexual por parte de su abuelo materno desde que tenía 10 años, en el marco de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en el establecimiento educativo al que concurre, en la ciudad de Rosario de la Frontera, al sur de Salta.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó en forma provisional a un hombre de 59 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo en perjuicio de su nieta menor de edad.

Todo comenzó en el desarrollo de una clase de ESI en un establecimiento educativo de la ciudad de Rosario de la Frontera, ubicada a 185 kilómetros al sur de la capital salteña. Allí, una adolescente develó detalladamente que, cuando tenía 10 años, en diferentes oportunidades, fue objeto de actos de abuso sexual por parte de su abuelo materno.

El docente a cargo informó a sus directivos, tal como lo establece la resolución 546D, que crea el Protocolo de Actuación frente a estos casos o similares que involucren situaciones de maltrato, abusos sexuales o violencia de género. Las autoridades de la institución escolar radicaron la denuncia correspondiente, lo que disparó una investigación que concluyó con la detención e imputación del acusado.

Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del imputado.

Uno de los objetos de la Ley nacional 26.150, de Educación Sexual Integral, es promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad.

En ese marco, son varios los casos conocidos de niños, niñas y adolescentes que revelaron, o incluso llegaron a identificar, que su intimidad no era respetada y sufrían de acoso o abuso sexual por parte de familiares o conocidos.

El caso de Rosario de la Frontera se suma a ese listado. La referente provincial del programa de ESI en Salta, Elisa Espeche, dijo a Salta/12 que lo sucedido en Rosario de la Frontera tiene que ver con una nueva reafirmación del cumplimiento de ESI. «En la provincia tenemos un marco normativo que lleva a su accionar», debe haber, recordó, una «enseñanza obligatoria y sistemática de la ESI». En tal sentido, aseguró que todas las instituciones educativas se tienen que enmarcar en esta disposición.

En Salta rige desde 2019 la resolución ministerial 1004/19. En ella, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, establece un espacio específico de ESI para los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo. Según la norma, «la propuesta supera la dicotomía espacio transversal vs espacio específico desarrollando la transversalidad de los contenidos de ESI en una organización institucional que se concreta en un espacio y tiempo claro y visible dentro de la jornada correspondiente a cada institución».

Según la cartera que dirige Matías Cánepa, esta modalidad de desarrollo posibilitará asegurar la institucionalización de la ESI en el marco de la normativa vigente, entre otras, la Ley 26.150 y la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación (CFE). En la web del Ministerio de Educación también hay un área específica de educación sexual integral donde se encuentran materiales de consulta, el marco normativo y la asociación de ESI con el desarrollo curricular.

Espeche sostuvo que la propuesta es didáctica y es propicia para que un docente pueda desarrollarla en un aula. «Es un espacio donde los docentes hacen su formación» posibilitando que se lleve adelante una pedagogía, que en algunos casos, permite que se develen casos como el de Rosario de la Frontera, indicó. Aún así, existe un reclamo permanente de parte de organizaciones feministas de la provincia, que exigen que se refuerce la obligatoriedad en la formación docente y en la implementación de la ESI dentro de las aulas.

Ante los cuestionamientos, la funcionaria afirmó que siguen difundiendo la obligatoriedad en la enseñanza a través de las articulaciones con los directores de los distintos niveles educativos, el espacio «desde dónde se debe implementar la ESI».

A pesar de ello, Espeche contó a Salta/12 que tuvo presentaciones formales de docentes que le manifestaban que no querían implementar los contenidos de ESI en sus espacios curriculares. Algunos de sus argumentos remitían a creencias personales. Desde el Programa de ESI se respondió a esa presentaciones recordando que la ESI es obligatoria y que «los derechos colectivos están por encima de cuestiones particulares».

«Se ha respondido en el marco de la ley, donde se deja en claro que es obligatorio», insistió la funcionaria. En ese sentido, destacó la labor de los docentes que sí cumplen la normativa sancionada en 2006. «Es muy valorado el rol de un docente que justamente cumple su rol de escucha, recepciona las necesidades y demandas que se presentan, y que lo lleva a actuar desde un lugar de adulto responsable», expresó.

La directora de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de Salta, Matilde Alonso, comentó que la ley se cumple progresivamente en establecimientos públicos y privados, y que percibe un «aumento sistemático de denuncias» que provienen de instituciones educativas, relacionadas con violencia, maltrato y abusos.

«De allí, uno concluye que las distintas formas de violencia se están visualizando», señaló. De manera más específica, dijo que se evidencia un crecimiento de casos de abuso sexual, ya que son los que aparecen de «modo permanente y sistemático» en las escuelas, y surgen «una vez realizada la intervención o acción en ESI».

Alonso remarcó que «el desarrollo de ESI, propicia que niños, niñas y adolescentes encuentren, en primer lugar, la posibilidad de poner en palabras el sufrimiento sexual que padecen», y consideró que, en segundo lugar, deben existir oídos que respeten esa condición de víctimas, dando cumplimiento a las normativas que los resguardan.

Aseguró que denunciar estas situaciones también lleva a que cesen los hechos de violencia sexual y se provean de medidas adecuadas de protección para los menores de edad.