Una familia, de apellido Ibáñez, fue desalojada de sus territorios, ubicada en la Finca El Pongo en Perico. La orden fue emitida por la jueza Sandra Torres en plena feria judicial. La familia campesina Ibáñez que habita hace más de 100 años en la zona, denuncia que es ilegal.
El despojo territorial fue denunciado por la familia que afirma que fue “por negocios inmobiliarios de tierras fiscales”.
La Finca El Pongo está ubicada en el departamento de Perico, a unos 35 kilómetros de San Salvador de Jujuy. En 1965, el Doctor Plinio Zabala donó el territorio a la provincia para que sea utilizado en beneficio de la comunidad y la instalación de un hospital.
«Mi familia está hace más de 100 años, se compone de mis padres, yo con mis tres hijos y dos nietos, todos vivimos aquí, tenemos cabras, vacas, pollo y perros» relata Griselda Severino Ibáñez.
Antes de fin de año, el viernes pasado, las maquinas avanzaron sobre el territorio y la familia denuncia que no se respetaron los 10 días de apelación para ejecutar el desalojo, bajo la solicitud de la jueza Sandra Torres y a pedido del abogado Oliver Alanís, ex funcionario del gobierno de Morales que se desempeñó como Coordinador de Despacho del Juzgado Administrativo de Minas.
La familia Ibáñez denunció la imposición de postes alrededor de su territorio dejándolos aislados y cercados, y denuncian la complicidad del gobierno provincial.
«El gobierno de Jujuy pisotea a la gente, hoy me tocó a mí en Hornillos en Perico, como a tantos lugares en la provincia».
La zona de esta localidad en Perico es conocida para ser usada para la explotación del cannabis a través de Cannava, Sociedad del Estado, y luego de la imposición de la reforma constitucional provincial durante el gobierno de Gerardo Morales se vendió las tierras fiscales a la empresa china Tsingshan Mining Development S.A., para fabricar ácido clorhídrico e hidróxido de litio.