Una nueva jornada de lucha: Ollas populares en defensa de la tierra y el territorio

Este miércoles, las organizaciones que conformamos la Mesa Ampliada de Organizaciones Sociales, Campesinos e Indígenas + COPES (Comité Popular de Emergencia Social) realizarán una nueva jornada de lucha con ollas populares en los comedores y merenderos. Será en defensa de la tierra y el territorio.

Copes advierte la profundización de los conflictos territoriales, por parte del Gobierno de Gerardo Morales y sus empresarios aliados, más la justicia cómplice, quienes hacen negocios inmobiliarios, proyectos mineros con uso desmedido del agua dulce de la reserva provincial, proyectos Energéticos (Cauchari), Zonas Francas, producción de mono cultivo con privatización del agua de riego, en los territorios campesinos e indígenas, no sólo, no se han detenido con la cuarentena, sino que han aprovechado la circunstancia para profundizarlo.

En el Estado Argentino los conflictos territoriales siguen sin resolverse, los mismos se profundizaron con la pandemia (COVID 19), pretenden desalojarnos, en los siguientes Pueblos y Naciones Originarias con conflictos actuales, como ser: Mapuches, Wichis, Qom, Diaguitas, Guaraníes, Kollas, entre otras, agravando y vulnerando nuestros derechos, como la Consulta Previa Libre e Informada con Consentimiento.

También se sufre mayor vulneración en las Comunidades Originarias Urbanas y Barrios Populares. Desde aquí denunciamos los intentos de desalojos y el mal ordenamiento territorial en las ciudades donde habitan los sectores más postergados por el Estado, dejando en evidencia la precariedad habitacional con hacinamiento y las desigualdades sociales.

Situación agravada por la decisión del gobernador Gerardo Morales de no adherir a la Ley Nacional de Barrios Populares (RENABAP), siendo esta una de las soluciones a las problemáticas habitacionales de urgencia en la provincia, ya que existen en la provincia, 96 barrios dentro del registro nacional de barrios populares y es necesario que se bajen los servicios básicos para una vida digna.

Exponemos algunos conflictos en Jujuy:

En Palpalá, el juez penal, Jorge Zurueta, ignorando la legislación que impide el desalojo de comunidades indígenas pretende desalojar familias en el Margen del río Los Alisos que son parte de la Comunidad Mayu Los Alisos.

En los Perilagos, en la zona entre el Dique La Ciénaga y el Dique Las Maderas, la Agencia de Desarrollo Sostenible, dependencia de la gobernación, sin plan aprobado, estudio de impacto ambiental ni consulta pública, insiste en avanzar con el loteo para hacer un mega negocio inmobiliario en el territorio de las familias campesinas que habitan allí desde hace varias generaciones.

En Palma Sola, los empresarios sojeros hacen fumigaciones sin control afectando la salud y el territorio las familias campesinas e indígenas, desconociendo el área de producción declarada por el Municipio y el amparo ambiental vigente contra esas actividades.

En El Fuerte, departamento Santa Bárbara, el empresario Pedro Alvarado sigue despojando, del territorio a las familias ganaderas e indígenas, con la complicidad de la Comisión Municipal y el Gobierno provincial.

En Finca El Pongo, Perico donde producen y viven, alrededor de 300 familias campesinas e indígenas, el gobierno provincial entregara a una empresa estadounidense el total de la finca, con dudosa legalidad estas 14.000 hectáreas, para el mono cultivo de cannabis, justificándolo en uso medicinal, pero la cantidad de producción es para uso recreacional.

En la Comunidad Originaria de Oratorio Pueblo Quechua, departamento de Santa Catalina: En este punto alejado de la provincia, se profundizaron los conflictos de tierra, con intento de desalojo, amedrentamientos, prepotencias, imponiendo a la fuerza cobros de arriendos al mejor estilo colonial de parte de los terratenientes. Situación que viven varios pueblos originarios de la provincia de Jujuy, que desde muchos años atrás vienen siendo sometidos, con ausencia de la justicia y las instituciones del Estado como la Secretaria de Pueblos Indígenas y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

Como siempre seguimos sin resolver los conflictos de fondo, como la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, entrega de carpetas de relevamientos territoriales, urgente relevamiento a comunidades no relevadas, entrega de tierras aptas y suficientes para vivir y para el desarrollo productivo, modificación de la Ley de arrendamiento para los pequeños productores campesinos.