Una organización colabora para asegurar la perspectiva de género en la justicia

La calificación correcta de un femicidio que inicialmente había pasado por suicidio o la identificación de los restos de un joven enterrado como NN son algunos de los hallazgos de los que participó la Colectiva de Intervención contra las Violencias (CIAV), una organización multidisciplinaria de mujeres que colabora con la justicia en el esclarecimiento de desapariciones en democracia y hechos de violencia institucional o de género.

«Somos un equipo interdisciplinario y feminista de profesionales que venimos de las ciencias sociales y desde el 2012 realizamos trabajos de investigación e intervención en casos de violencias y búsqueda de personas en democracia», dijo a Télam la politóloga Evelyn Cels, integrante de la organización.

Hasta el momento, la CIAV participó en 18 causas de siete provincias. Para su trabajo aplican técnicas y herramientas de la antropología y arqueología forense, así como protocolos nacionales internacionales con perspectiva de género.

Entre los casos en los que trabajaron se cuentan las excavaciones en el predio del exprostíbulo El Rosedal, de la localidad santafesina de Arrecifes, en búsqueda de víctimas de trata (2013); la identificación de los restos de Álvaro Fernández Leiva (2016), quien permaneció años desaparecido; el femicidio de Inmaculada Concepción Núñez, cometido en Lomas de Zamora en 2017, y el de Celeste Grippo ocurrido el mismo año en Lanús.

También colaboraron con las búsquedas de María Cash, desaparecida en Salta en 2011; de Deonicia López Solís, de quien nada se sabe desde 2017 cuando fue vista por última vez en Buenos Aires; de Gloria Valenzuela, que falta desde 2013 en Formosa; de Johana Chacón (2012) y Soledad Olivera (2011) en Mendoza; de Yamila Cuello (2009) en Córdoba; del trabajador rural Daniel Solano (2011) en Río Negro, y del joven Tehuel de la Torre (2021) en la provincia de Buenos Aires.

 Cómo trabajan

Evelyn Cels explicó que la Colectiva trabaja sobre tres ejes: asesoramiento y fortalecimiento institucional, investigación y divulgación. «Intervenimos en expedientes judiciales realizando una auditoría en relación a la reconstrucción de los hechos, las hipótesis, las medidas tomadas, el monitoreo de las violencias que emergen y la acreditación, si corresponde, de contexto femicida, los mecanismos de visibilización de los casos y la construcción política de estos», detalló.

A partir de esta «lectura integral» del expediente y en base a protocolos internacionales se pueden plantear «hipótesis alternativas».

«Por otro lado -continuó-, está el trabajo de campo que hacen las compañeras arqueólogas y antropólogas forenses: prospecciones y excavaciones con el objetivo de recuperar evidencia de interés pericial para las causas, ya sean restos óseos u otras evidencias».

El tercer eje «está referido a la formación de agentes funcionaries, integrantes de organizaciones sociales y docentes de todos los niveles para que desde su lugar puedan profundizar el análisis, multiplicar las herramientas, diversificar las hipótesis y ampliar la mirada» en el abordaje de las violencias.

Otras investigaciones

Además del trabajo descripto, la CIAV produjo en conjunto con la Procuraduría Antitrata (Protex) tres informes sobre personas desaparecidas en democracia (2015, 2016 y 2020) «en un país donde la figura del desaparecido tiene una carga simbólica muy fuerte», describen.

Al momento de su conformación, en 2021, «la Colectiva se inicia con una impronta más vinculada a la trata, en un momento en que emerge con fuerza la problemática de las mujeres desaparecidas en democracia a partir de la sanción de la ley de trata y la difusión del caso Marita Verón», precisó Cels.

Esa preocupación inicial por indagar en torno a la desaparición de mujeres por trata fue mutando en función de los múltiples motivos por los que las mujeres desaparecen, ya sea como consecuencia de hechos ilícitos como la explotación sexual o laboral, la violencia de género, institucional o del narcotráfico; «pero también por hechos lícitos, como fuga del hogar», aclaró, razón por la cual hoy no solo trabajan con casos en los que hay hipótesis de trata.

Entre las fundadoras de la CIAV se encuentra Celeste Perosino, quien capitalizó para ello la experiencia anterior adquirida como integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Sobre este punto, la antropóloga Silvia Carlini Comerci, también de CIAV, aseguró a Télam que el EEAF «trabaja con las técnicas de la antropología forense dirigidas a las desapariciones en dictadura, en principio, a diferencia de nosotras que trabajamos desapariciones en democracia».

«Pero más allá de eso, deconstruimos la antropología clásica para aplicarla no solo a desapariciones sino a diferentes tipos de violencias, y eso implica darle una vuelta en función de los contextos actuales», expresó.

Y recordó la intervención en el caso de la muerte de Celeste Grippo, la joven de 27 años oriunda de Santa Teresita cuyo cuerpo fue encontrado en 2017 en el departamento que compartía con su novio en Valentín Alsina y donde había ido a retirar sus cosas para ponerle fin a la relación.

Al principio, el caso fue investigado como suicidio; pero en 2019 la fiscal lo recaratuló como femicidio e imputó a su exnovio Víctor Nosach, quien aún no fue llevado a juicio. El año pasado causó indignación su intervención en el programa El Precio Justo de Lizzi Tagliani.

Celeste Gripo, explicó Carlini Comerci, era una chica que supuestamente se había suicidado, pero en función de la investigación y conjuntamente con la abogada, desde el CIAV pudieron darle una vuelta al caso para que se lo trate como femicidio. «No necesariamente porque él la haya matado, sino más que nada por el contexto determinante previo, que vale tanto si fue suicidio como asesinato», aclaró en relación a la violencia de género a la que era sometida la joven.

Además de la identificación de restos, la antropología forense también hace su aporte a la investigación preliminar, que incluye hacer entrevistas en el contexto, ir al campo para ver los lugares donde pudo haber estado la persona, analizar archivos y mapas.

«Nos dan una causa judicial y no sólo la leemos sino que hacemos un punteo foja por foja de lo que dice cada persona, tratamos de interpretar los comentarios y detectar las contradicciones. En función de eso solicitamos medidas como rastrillar en tal lugar o realizar más entrevistas», contó la especialista.

En los casos en que han intervenido, la convocatoria vino de las querellas, los mismos juzgados o los peritos oficiales. «Básicamente, vamos a aportar la perspectiva de género donde no está», concluyó Cels.

Por María Alicia Alvado, en Télam

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