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Por Lucas Perassi. En muchos discursos, carteles y cánticos suele defenderse a nuestras instituciones argumentando en favor de la universidad pública, gratuita y de calidad. Por supuesto, la noción de “calidad educativa” cobró auge con las políticas neoliberales,
tomada del entorno empresarial, puesto que involucra no solo procesos de “control de la calidad”, sino también valores como eficiencia, rendimiento, relación costo-beneficio, competitividad, innovación, etc., todos los cuales se evalúan en términos numéricos, cuantitativos. En ese sentido, está clara la ligazón del concepto con la idea de mercado.
Sin embargo, la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, no se refiere a ese concepto, sino a algo totalmente opuesto: a la oportunidad de todos, incluidos los sectores más postergados, de recibir una educación digna.
Entiendo que esta última caracterización (calidad entendida en términos de dignidad, posibilidad de igualación y liberación, desarrollo de un pensamiento crítico) es vital para que la Universidad sea verdaderamente pública. De no mantener la dignidad educativa, las Universidades Nacionales corren el riesgo de convertirse en la opción B, es decir, en el último recurso de quien no puede pagarse una educación privada, planteando así una educación superior «para los pobres», gratuita pero de un nivel inferior.
Esto no quiere decir que nuestra universidad deba “competir” contra las privadas, como lo venimos argumentando, sino proponer una educación diferente, académica y crítica, que no sea un “producto” educativo degradado. Por eso es importante prestar mucha atención al fenómeno de la mercantilización educativa que viene creciendo en los últimos años en distintas instituciones universitarias argentinas, del cual la nuestra no está exenta.
Esta mercantilización se manifiesta en cursos, jornadas, congresos que entregan certificados con horas cátedra (la mayoría de las veces infladas) sin evaluación o con una evaluación mínima y solo aplicada a los fines administrativos. La Universidad se convierte en una fábrica de «cursos fáciles con mucha carga horaria», entrando en el mercadeo de la educación, con las reglas impuestas por otros organismos privados o, incluso, ministerios provinciales.
Siguiendo con esta mercantilización de productos educativos fáciles y rápidos (valores tan propios de la cultura actual), lograremos seguramente mayores inscriptos en estos eventos, pero al mismo tiempo contribuiremos a aumentar las diferencias sociales. Sólo defendiendo la dignidad de la educación universitaria se defiende a la Institución en uno de sus principales objetivos: la promoción de la movilidad social.
Quienes defienden la “apertura” y “facilitación” de las evaluaciones, lo hacen generalmente en términos de “acercamiento” e “inclusión”. Pero esta es una lógica del clientelismo, la lógica numérica de la “calidad educativa” neoliberal, en la que dicha calidad está “acreditada” por la cantidad de “clientes” satisfechos (alumnos y egresados que obtienen una certificación de horas cátedra sin mayor esfuerzo).
Siguiendo esa misma lógica: ¿deberíamos bajar el nivel de nuestros exámenes para retener más alumnos y evitar la deserción? Lejos de ser estar a favor de la educación popular, esta medida terminará por destruir las potencialidades sociales de las universidades estatales. En definitiva, estaríamos poniendo en práctica, en los hechos, el plan neoliberal de los noventa, aunque se disfrace de un discurso progresista.
Esta mercantilización va de la mano, desde ya, de una práctica política de tipo clientelar que busca el rédito como contraparte, expresado en el voto de docentes, egresados y alumnos. Clientelismo que, de seguir en aumento, terminará por socavar los fundamentos de la institución universitaria estatal.
Claro está que en el fondo hay un problema a solucionar, que es la necesidad de mayor oferta de formación de posgrado y perfeccionamiento (tanto en cursos como en carreras) para dar respuesta a una demanda creciente. Sin embargo, la universidad, y particularmente la facultad, no pueden contestar a esta demanda legítima en términos especulativos, sino con una programación y evaluación coherentes con el principio de dignidad educativa.
Contra el pragmatismo reinante en el contexto político de hoy, pretender que la universidad revise sus prácticas y proponga una cultura educativa diferente, de la dignidad, de la excelencia, puede sonar utópico, idealista o principista, pero si no proponemos la utopía de la dignidad y la excelencia desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, entonces ¿quién lo hará y dónde?
