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La Justicia de Uruguay formalizó en las últimas horas la imputación a nueve militares en una causa por el asesinato, en abril de 1984, del médico Vladimir Roslik, considerado el último detenido muerto por la dictadura.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe detalló que la Justicia dispuso para los nueve militares varias medidas cautelares, entre ellas el uso de tobillera electrónica, la obligación de presentarse en una seccional policial semanalmente y la prohibición de salir del país.
La jueza Selva Siri Thove le tipificó a nueve militares los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Originalmente los involucrados eran 12, pero uno de ellos falleció, otro se encuentra grave y un tercero está procesado por una causa del Código Procesal Penal anterior.
Este último es Dardo Ivo Morales, que es quien llevó adelante el interrogatorio de Roslik. Actualmente representa a una firma china en negocios con la Armada. La jueza entiende que en su caso hay litispendencia, un concepto jurídico que hace referencia a un juicio pendiente.
Morales ya está siendo juzgado por las detenciones de 1980, y recientemente fue procesado sin prisión, pero el fiscal Perciballe apeló porque considera que este caso incluye detenciones de 1984 que no forman parte de la otra investigación. Ahora lo resolverá un Tribunal de Apelaciones.
El 17 de agosto último, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya desestimó un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los involucrados, lo que habilitó que se fije una audiencia que tuvo lugar este miércoles.
El caso es por la detención y las torturas a Roslik y otros vecinos de la localidad de San Javier, en Fray Bentos, en el tramo final de la dictadura que se extendió de 1973 a 1985.
Roslik murió asesinado en un cuartel de Fray Bentos el 16 de abril de 1984. Su viuda presenció la audiencia de este miércoles exhibiendo una foto de su esposo.»Por fin después de 40 años se abrieron las puertas. Anhelaba ver las caras, porque en estos 40 años no les pude ver las caras, solamente la de Sáenz pero no me acordaba. Y hoy sí los pude ver», dijo Mary Zabalkin al finalizar la audiencia.
Y añadió: «Unos pobres viejos pero a esta altura del partido, si les dan algo (por la Justicia) es porque se lo merecen. Por algo hicieron lo que hicieron, y si tienen un castigo está muy bien merecido».
Valery, el hijo de Zabalkin y Roslik, era bebé cuando secuestraron y mataron a su padre. También estuvo presente en la audiencia.
El ministro de Defensa, Javier García, advirtió hoy que “el asesinato de Roslik fue uno de los crímenes más aberrantes”. Reseñó, además, que “una de las personas imputadas había sido distinguida por el gobierno anterior del Frente Amplio» como titular del Supremo Tribunal Militar, y que a partir de un pedido de acceso a la información que lo vinculó al interrogatorio con torturas de Roslik, se le pidió «inmediatamente la renuncia».
La referencia es a Daniel Castellá, formalizado por delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, quien durante los gobiernos del Frente Amplio fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y luego presidente del Supremo Tribunal Militar hasta 2021, cuando fue cesado.
Aplaudo de pie la entereza y persistencia de Mary, viuda de Roslik y su hijo Valery, hoy en la audiencia de formalización por el asesinato del Dr. Vladimir Roslik, en Fray Bentos, el 16 de abril de 1984.
Memoria, Verdad y JUSTICIA !! pic.twitter.com/CHHRLT36F9— Sylvia Ibarguren (@SylviaIbarguren) October 4, 2023
La historia
Vladimir era de San Javier (Departamento de Rio Negro), integraba esa comunidad de origen ruso, era médico, estaba casado y tenía un hijo de pocos meses.
El 29 de abril de 1980, un gran operativo desplegado por las Fuerzas Armadas en San Javier, secuestró y torturó a un grupo de hombres, entre los que estaba Vladimir. Fue liberado recién en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado,
La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en un operativo contra varios miembros de esa comunidad, esa madrugada él y otras seis personas fueron trasladadas y torturadas en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos.
Vladimir muere el 16 de abril a consecuencias de las torturas recibidas, fue el último asesinado de la dictadura.
El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia y atribuyó la muerte «a causas naturales», la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico expulsarían a Saiz de sus filas.
El país se encontraba en pleno proceso de convocatoria a elecciones tuteladas en el camino a recobrar su institucionalidad democrática. El impacto de la noticia obligó a que la Justicia Militar interviniera y condenara al responsable del operativo, mayor Sergio Caubarrere por abuso de autoridad y homicidio culpable, el represor cumplió prisión por ese crimen cuatro meses y 18 días.
Recién en 2014 se solicitó a la justicia el desarchivo del caso pero eso fue negado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno la rechazó fundamentando que había “cosa juzgada” respecto del militar imputado. En 2019, recién creada la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, el fiscal solicitó nuevamente el desarchivo del caso a pedido de la familia y fue nuevamente negado.
El 29 de julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y dispuso el archivo definitivo del caso.
El 17 de agosto del 2023 la Suprema Corte de Justicia desestimó sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los involucrados en la causa judicial y esto habilita que se fije una audiencia.
El 4 de octubre de 2023 se realizó la audiencia de formalización de 12 imputados solicitada por la fiscalía de Lesa Humanidad.
Fuente: Sitios de Memoria Uruguay
