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Violaciones e irregularidades en la causa por la muerte de Luis ‘Pato’ Condorí

pato condori-reclamoPor familiares de Marco Guerra y Moisés Lavayén, y Christian González (abogado). La defensa de Marcos Guerra y Moisés Lavayén no puede llevarse adelante sin denunciar las irregularidades cometidas en la causa por los funcionarios públicos que intervinieron e intervienen en ella.

Se violaron garantías constitucionales, se omitió integrar un tribunal en tiempo y forma, se simuló y notificó por escrito una integración de tribunal que nunca ocurrió en la realidad, hubo oposición de jueces y finalmente se pronunció una resolución en absoluta violación del principio del juez natural.

 Mientras tanto inmersos en tantas irregularidades se mantiene privados ilegalmente de la libertad a dos personas, permitiendo que prueba fundamental se diluya con el tiempo, se manipule prueba, se protegió a testigos, se facilitó la declaración de otros dándoles el tiempo necesario para que se preparen, se prescindió de prueba esencial que beneficiaba a la defensa, se privó toda posibilidad de investigar otras pistas, se negó obstinadamente a que se investiguen a ciertas personas, inventaron una historia y la hicieron oficial.

 Este es un caso donde en cualquier otro juzgado del país hubiera sido anulado completamente desde el inicio. Este es un caso donde el Tribunal en lo Criminal que intervenga debe decretar su nulidad como primer despacho.

 Sin perjuicio de las tales consideraciones, la defensa legal entiende que el caso en tratamiento presenta un supuesto de gravedad institucional que habilita la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

 La gravedad institucional del caso reside, entonces, en que se exhibe deficiencias susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia.

 Existe gravedad institucional ya que se encuentran en juego principios y garantías constitucionales, en particular el del juez natural, el de defensa en juicio, el normal desarrollo de las instituciones y el impacto que este fallo causa en ellas, la vulneración de las mismas y el objetivo previsto en la Constitución Nacional de “afianzar la justicia”, a la que solo puede llegarse mediante la averiguación de la verdad.

 La actuación del Tribunal en lo Criminal Sala III pone en peligro la supremacía del orden constitucional y el aseguramiento de la vigencia de las instituciones fundamentales de la República por tratarse de arbitrario, se aparta notoria y lesivamente de los principios básicos del proceso criminal, es contrario a la ley y exhibe deficiencias susceptibles de afectar una “irreprochable administración de justicia”.

 La Corte IDH se pronunció sobre los valores que el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pretenden proteger, y serán aquellos que protejan «desde el mejor ángulo» a la persona, o aquellos que protejan «los derechos humanos de los individuos».

 Además consideró que este modelo de valores está relacionado con el principio pro homine, eje interpretativo de los tribunales internacionales que son competentes para decidir si un estado violó o no tratados cuya materia principal es la protección y promoción de los derechos humanos.

 Con el temperamento adoptado por los jueces Laura Nilda Lamas de González, Mario González y Ramón Burgos no sería posible el ejercicio particular ni oficial de la defensa técnica, ya que se llevaron a cabo actos en clara violación de la ley, en un contexto que genera situaciones de manifiesta arbitrariedad y prevaricato del juez que las dictaron.

 El Tribunal en lo Criminal Sala III en su actuación es contrario a la ley. 


 

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