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Tras una larga pelea librada en el ámbito administrativo y en el judicial, la abogada Agustina Aramayo consiguió que se aprobara su desvinculación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Su representante legal, Claudia González, informó la novedad en conferencia de prensa: «Puedo decir con mucha gratificación profesional y felicidad que está resuelto. La doctora Aramayo ya no forma parte del MPA, ha sido trasladada al PJ. Por lo tanto, como funcionaria del PJ no va a dar más declaraciones».
«Se terminó de la mejor manera», afirmó González, y destacó «un gesto de humanidad y un interés en resolver la cuestión por parte de todos los funcionarios afectados». En este sentido, mencionó al titular del MPA, Sergio Lello, y al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Federico Otaola.
A mediados de 2019, Agustina Aramayo denunció penalmente a Sergio Lello frente al STJ por acoso laboral, humillación, denigración, intimidación y maltratos. En su escrito, la abogada relató hechos que se sucedieron desde marzo de 2016, período en el cual además padeció nueve traslados dentro del organismo. Este año fue nuevamente víctima del hostigamiento del funcionario, que le suspendió la licencia por maternidad y la hizo volver a su trabajo en el MPA solo para notificarla de un sumario administrativo en su contra que podría derivar en un despido.
En febrero pasado, el STJ hizo lugar a la cautelar que solicitó Aramayo y de ese modo quedó suspendido tanto el sumario administrativo que le había iniciado a partir de publicaciones en su muro de Facebook como toda otra acción en su contra. «La medida que obtuvimos del STJ nos dio tranquilidad a nosotras y permitió que toda la situación se tranquilizara, para que después pudiéramos resolver esta situación de la mejor manera posible», expresó González.
«La violencia es un problema que nos atraviesa a todos como sociedad. Y la violencia de género especialmente en nuestra provincia tiene índices alarmantes», comentó la abogada, y remarcó: «Si es difícil abordar una situación de violencia laboral o de género en un ámbito privado, se complejiza cuando se trata de poderes públicos, porque aun cuando exista buena voluntad de los funcionarios, a veces se encuentran limitados para resolver la situación».
En el caso de Agustina Aramayo, el conflicto se resolvió al disponerse su desvinculación del MPA y traslado al Poder Judicial. Fue clave un certificado de su médico psiquiatra, quien afirmó que si bien ella está en condiciones de trabajar, era recomendable que fuera apartada de su lugar de trabajo.
«Es una cuestión que involucra su salud. Su médico tratante dijo que la doctora Aramayo se encuentra en perfectas condiciones para trabajar, pero que para poder desarrollarse y llevar a buen puerto su tratamiento, necesitaba ser apartada de su lugar de trabajo», detalló González.
En este punto, explicó que todas las denuncias presentadas contra Lello quedan en la nada. «Tratándose de una relación laboral la que da base a las denuncias, toda la cuestión deviene en abstracto porque ya no hay relación laboral, no hay nada para investigar y no hay que pretender el cese de los hechos de violencia laboral».
«En este caso, esta solución a la que hemos podido arribar por la buena voluntad de los funcionarios intervinientes, está perfectamente contemplada en la ley 26.485 -precisó-. Entre las posibilidades que tienden a la protección de la mujer, está exactamente esto. Es una ley de protección integral para evitar los actos de violencia en contra de las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan o desarrollan sus relaciones interpersonales. Entonces, en este caso, la situación de la doctora Aramayo, que fue denunciante oportunamente, se ha resuelto de esta manera».
En esta línea, opinó: «No siempre la mejor solución para una cuestión que debe ser judicializada, porque la sentencia puede llegar muchos años después».
A modo de conclusión, González señaló: «Si hay un mensaje de todo esto, es que no podemos naturalizar la violencia y no podemos resignarnos a malos tratos y violencia en ningún aspecto y contra ninguna persona. El consejo siempre es que hay que denunciar. Hay que defenderse, no hay que naturalizar».
«Además, tampoco hay que descreer de la posible solución que venga de los mismos poderes de gobierno -continuó-. Es difícil, pero en este caso se pudo. Entonces rescato eso: hay que denunciar, hay que defenderse, pero también hay que contribuir y colaborar a encontrar la solución. A lo mejor no sea una sentencia fantástica, de vencedores y vencidos. Pero en este caso yo creo que la mejor solución es esta porque se acabó el conflicto».
La abogada destacó además el rol de la prensa que acompañó las denuncias de Aramayo. «Si pudimos arribar a esta solución fue justamente por la visibilización que se dio a esta situación particular. Si hay algo que rescatar de esta experiencia, que obviamente afectó más que nadie a la doctora Aramayo, es que hay que denunciar, hay que recurrir a la justicia, que hay que recurrir a los entes de protección».
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