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Organismos de derechos humanos expresaron preocupación por el «casi inexistente accionar» de la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy ante el recrudecimiento de casos de violencia institucional y abusos policiales en la provincia. En una nota dirigida a la secretaria del área, Marcela Infante, reclaman acciones desde el Estado y repasan hechos gravísimos como el asesinato de dos internos del penal de Gorriti cometido por agentes penitenciarios y la muerte de un hombre en Monterrico tras haber sido brutalmente torturado por efectivos de la Policía de Jujuy.
En el texto, los organismos y organizaciones de derechos humanos expresan su «profunda preocupación por el recrudecimiento de casos de violencia institucional y abusos policiales que tuvieron lugar en el contexto de la pandemia covid–19 en nuestra provincia» y por el «casi inexistente accionar de la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy para prevenir y eliminar la violencia institucional».
Reclaman a Infante que tome medidas para «garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y evitar que estos delitos perduren impunes», y le recuerdan que en julio pasado el Consejo Federal de Derechos Humanos, del cual esa Secretaría forma parte, «ha manifestado públicamente su preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses».
Luego mencionan algunas de las formas en que se expresa esa violencia: torturas infligidas por parte de agentes estatales, imposición de condiciones inhumanas de detención, y el uso abusivo, desproporcionado e irracional de la fuerza y el poder coercitivo estatal.
Advierten que estos hechos de violencia «tienen como víctimas a personas en diferentes y especiales situaciones de vulnerabilidad, siendo los más recurrentes: jóvenes de sectores populares, mujeres trans, personas privadas de la libertad, personas pertenecientes a comunidades indígenas, personas migrantes».
Familiares de Ariel Valerian
Denuncian que en la provincia de Jujuy no existe la decisión política de visibilizar el problema ni de sancionar política ni judicialmente a los responsables, y remarcan que en el período de pandemia no se realizó desde la Secretaría de Derechos Humanos ninguna instancia de concientización dirigida a la ciudadanía que informara sobre sus derechos ante situaciones de abuso y violencia policial. «Entendemos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio no es excusa para no hacer campañas de difusión y concientización», señalan.
Sobre la atención a las víctimas de violencia institucional, los organismos y organizaciones que firman la nota ponen el acento en la falta de un canal receptor de denuncias que implique un trámite sencillo y seguro sin necesidad de asistir a una comisaría. «Asimismo, es de vital importancia el registro de los hechos que se denuncian, creando para ello una base de datos que sirva como insumo para la discusión de futuras políticas públicas», sugieren.
Sobre el final, le piden a la secretaria Infante que informe cuál es su agenda de políticas públicas para prevenir, eliminar y sancionar hechos de violencia institucional «y cuáles han sido, si las hubiere, las acciones concretas en cada uno de los puntos arriba explicados».
La nota completa
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