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Los integrantes de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional en Jujuy, solicitan ser recibidos por diferentes funcionarios del Gobierno de la provincia, con el fin de abordar la gravísima situación que la provincia presenta en este sentido, ante los hechos ocurridos en San Pedro de Jujuy, Libertador Gral. San Martín y Tilcara.
Dicha mesa coordinadora es un espacio conformado por familiares y víctimas de esta problemática, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y diversas fuerzas políticas, entre otras. Y que frente a los graves hechos de violencia institucional, que sistemáticamente son llevados a cabo por agentes del Estado en la provincia, no encuentran hasta el momento, respuestas efectivas por parte del Sistema Judicial y el Gobierno de la provincia de Jujuy.
Los funcionarios a los que se les requirió un encuentro son el Gobernador, Eduardo Fellner; el Ministro de Gobierno, Alberto Matuk; el Secretario de Seguridad, Jorge Zurueta; el Fiscal General Alejandro Ficoseco; y a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Así como también al Presidente del Colegio de Abogados, Luis Canedi; y los Consejos Deliberantes de San Pedro de Jujuy, Libertador Gral. San Martín, y Tilcara. Además de una nota cursada al respecto, al Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández.
Cabe recordar al respecto, que con el fin de dar cuenta sobre estos hechos, sucedidos en las localidades mencionadas, es importante poner en conocimiento el informe que en noviembre pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de DDHH de la Nación y el diputado nacional, Leonardo Grosso (FpV), entregaran al por entonces Ministro de Gobierno, Oscar Insausti y a la Fiscalía General; donde se describe el estado de los casos y donde se realizan sugerencias que puedan hacer efectivo el acceso a la Justicia por parte de las familias víctimas.
Los casos de abuso policial, torturas y gatillo fácil denunciados en dichos casos, lejos de tener respuestas, han encontrado tanto en las autoridades policiales, gubernamentales y de la Justicia, maniobras dilatorias, obstaculizadoras y de hostigamiento hacia las víctimas. La actuación de los fiscales de San Pedro respecto a la inobservancia del Habeas Corpus Colectivo en favor de 45 personas, que fue de público conocimiento el año pasado, es paradigmático en ese sentido.
De cara a la celebración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el fenómeno de violencia institucional en nuestra provincia, se presenta como una continuidad de las prácticas utilizadas durante el Terrorismo de Estado. Las que mediante la utilización del poder estatal por parte de funcionarios públicos, se aplican con peligrosa hostilidad hacia grupos que se construyen, estigmatizan y justifican, como “peligrosos”. En este caso la de jóvenes de barrios pobres de nuestra provincia, entre otros.
Es importante destacar que este espacio de defensa de los Derechos Humanos, está integrada por Familiares y víctimas de Violencia Institucional en la provincia; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy; HIJOS-Jujuy; Asociación de Ex presos políticos de Jujuy; Grupo Abogados de Derechos Humanos de Jujuy; Movimiento Evita; JP Descamisados-Libertador; Partido Comunista; Partido Humanista.
