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Violencia Institucional: ratifican la importancia de la “inclusión social” sobre la “demagogia punitiva”

carlottoMinistros del Poder Ejecutivo, funcionarios, diputados nacionales y especialistas de diferentes ámbitos ratificaron, a través de un documento, que en estos últimos tiempos se demostró que “a los reclamos sociales se les debe responder con más política e inclusión social».

 En el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, y mediante un texto leído por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consensuado durante una jornada realizada en el Congreso, los participantes coincidieron también al afirmar que «la seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de policías y abogados penalistas».

 El Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular se llevó a cabo en varios paneles organizados en diversos salones de ambas Cámaras del Congreso Nacional, con la presencia de funcionarios nacionales y judiciales, además de víctimas y familiares de asesinados por la represión policial.

 Uno de los dirigentes que estuvo presente fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien llamó a defender el modelo de país que impulsa el Gobierno, aseguró que «hay un intento de restauración conservador», y dijo que se pretende «minar desde la derecha» los valores y consignas con los que «se construyó» ese modelo.

 A su turno, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, coincidió con Rossi al criticar «ese discurso fácil de endurecer penas» que proviene «del dirigente político que se maneja a través de la encuesta».

 Miriam Medina, madre del joven Sebastián Bordón, asesinado en San Rafael, declaró que la «lucha contra la violencia institucional no es sólo un día, sino de todos los días» y resaltó la figura del ex presidente Néstor Kirchner, quien convocó a los familiares de víctimas en su momento y les reconoció que «donde tocaba, salta pus» y les pidió ayuda para cambiar.

 En otro panel, el diputado nacional del Frente para la Victoria Leonardo Grosso declaró la necesidad de una reforma judicial, al señalar que el Poder Judicial «está de espaldas al pueblo», y cuestionó a quienes reclaman políticas de «mano dura» para combatir la inseguridad.

 En referencia a las modificaciones impulsadas al Código Penal y al Código Procesal Penal, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que una reforma al Código Penal “difícilmente cambie las conductas arbitrarias” que generan víctimas de la violencia institucional.

 La jefa de los fiscales estuvo acompañada por María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima; por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; y por el periodista Horacio Verbitsky.

 También formaron parte del panel la madre de Natalia Melmann, Laura; y la hermana de Andrea Viera, Eugenia Vázquez; cuyos familiares fueron víctimas fatales de violencia institucional.

 Garrigós de Rébori destacó que “la razón por la que existe Justicia Legítima es la evidencia de que el Poder Judicial no cumple con la acción democrática que debe cumplir”.

 A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados reflexionó que “las soluciones más simples vienen del pueblo mismo” y auguró que “la ley de Democratización de la Justicia dejó la certeza de que se inició un camino que no tiene retorno”.

 El periodista Verbitsky, en tanto, advirtió que “no hay forma de combatir la violencia institucional si no hay organización”, tras lo cual acusó a algunos dirigentes políticos de “comenzar a usar palabras bélicas” y de “instalar el tema del narcotráfico en la agenda pública”.

 Finalmente, la madre de Natalia Mellmann, secuestrada, torturada y asesinada por un grupo de policías en la localidad de Miramar en febrero de 2001, pidió “penas más duras”.

 Por otro lado, dirigentes sociales renovaron sus críticas a la dirigencia que la única solución para ayudar a los jóvenes con adicciones es tener políticas con más mayor inclusión y rechazaron que pueda ser una alternativa una política represiva como piden algunos dirigentes opositores.

 El diputado provincial Fernando «Chino» Navarro destacó que «es muy importante debatir las políticas inclusivas para enfrentar las adicciones», y reafirmó que «estamos totalmente en contra de las políticas represivas como nos plantean desde los medios de comunicación hegemónicos».

 Dolores Demonti, madre de Ezequiel quien fue obligado a tirarse al Riachuelo por la policía, dijo que se estimgatiza a los jóvenes «por su cara y pidió tener una ley para proteger a nuestros jóvenes» porque «queremos protegerlos de los narcos».

 En tanto, Angélica Urquiza, de la organización Madres contra el paco, dijo que «necesitamos una ley que pueda prevenir la droga y en el combate contra la corrupción» y dijo que si algunos juntan firmas contra el Código Penal «nosotros queremos juntar firmas para sacar a los narcos de Tigre».

 La dirigente de Tupac Amarú y diputada provincial jujeña, Milagro Sala, consideró durante su exposición que «los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por el pueblo, para que tengan que ir a las villas a explicarles a los argentinos porque quieren ser elegidos».

 El titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, dijo durante su ponencia que “no tenemos que dejar más que estigmaticen a los pibes porque tienen gorrita, son morochos o consumen o no consumen. Porque son valiosos, no son descartables”.

 “Tenemos que lograr cambiar el discurso. Nosotros tenemos futuro, no permitamos más que nos traten como delincuentes», aseveró.

 Antes de la lectura del documento final, la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, trasmitió a los presentes el apoyo de esa bancada y «el saludo de la Presidenta de la Nación que también está acompañando este encuentro», señaló.

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