El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Los organismos de derechos humanos, ex detenidos políticos, familiares de víctimas y de diversas organizaciones abajo firmantes deseamos expresar nuestro firme apoyo a los fiscales federales “ad hoc” y subrogantes actuantes en las causas por delitos de Lesa Humanidad durante el Terrorismo de Estado quienes constituyen uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.
Así, se han creado equipos de trabajo específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio por los crímenes ocurridos en la Masacre de Margarita Belén, en la Brigada de Investigaciones y la persecución a las Ligas Agrarias del Chaco, en los Centros Clandestinos del ex Regimiento 9 de Corrientes Capital , en el Hípico de Goya y en la Polaca de Paso de los Libres; en los Centros Clandestinos de la Escuelita San Antonio y el Regimiento de Monte Nª 29 Formosa -solo por mencionar algunos.
El ejercicio adecuado de esta facultad legal, utilizado desde hace varios años, permitió dar forma a una de las decisiones de política criminal más importantes que se tomaron desde la recuperación democrática, perfilando un organismo comprometido con la protección de los derechos humanos.
Los nombramientos de dichos fiscales federales, se ajustan a Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a fenómenos sociales y criminales específicos.
Los ataques recibidos por estos fiscales en estos días y por la Procuradora Gils Carbo encierran en realidad, una mirada conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General en particular.
En este sentido, todas las unidades fiscales especiales creadas por la actual Procuradora General pretenden responder a fenómenos criminales complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad que hasta ahora no han tenido debida respuesta, como son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
Reafirmamos que estas decisiones deben ser solo el inicio de un proceso de cambio estructural del Ministerio Público Fiscal y de una transformación más general del sistema judicial, en particular de la justicia penal, para que las prisiones dejen de estar pobladas de personas pobres y vulnerables.
Resulta preocupante, entonces, que distintos sectores interfieran en forma oportunista en el ejercicio legítimo de las funciones de los Fiscales Federales actuantes en causas de Lesa Humanidad, con el único propósito de esmerilar su legitimidad e intentar – desde ya vanamente – obstruir o dificultar el avance de muchísimas causas en trámite, la búsqueda de los desaparecidos e incluso ingeniar artilugios para pretender cuestionar las justas Condenas.
