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«El gobierno le ha cedido la soberanía de los derechos humanos a una empresa privada extranjera», afirmó Gustavo Ontiveros, comunero de Humahuaca e integrante de la Asamblea de Comunidades. Habla en nombre de los pobladores del departamento de Susques cercanos a la planta de Cauchari, que suspendió sus actividades ante un brote de coronavirus. La información es escasa e imprecisa. El gobierno provincial habla de 17 infectados, pero el número estaría cerca de 30.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Ontiveros describió la situación como «muy difícil» porque «el gobierno provincial no se hizo cargo y dejó a la empresa para que trate el problema en la planta y decida sobre las poblaciones cercanas».
«Desde el 2 de julio se sabía de los casos sospechosos que después se confirmaron. Después se confirmaron otros. Son muchos más de los 17 que dice el gobernador», indicó.
El viernes pasado, la empresa Minera Exar difundió un comunicado en el que informó que dos trabajadores de Cauchari habían dado positivo para coronavirus, por lo que dispuso el «aislamiento preventivo a las personas del primer anillo de contacto estrecho». Activado el protocolo sanitario, se cerraron los ingresos y egresos a la planta. Los dos operarios fueron trasladados a Salta, de donde son oriundos.
De inmediato, comunidades originarias de la zona junto al comisionado municipal de Susques difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por el brote de covid-19 en la minera. Denunciaron que no tenían información del COE provincial, sino solamente de la empresa, «no precisa y mínima», sobre los test PCR que se realizaron. «Esta situación representa un gran temor y miedo en nuestras localidades, que se ve agravado por la falta de información cierta sobre el manejo de esta situación y de la enfermedad», advirtieron. Finalmente, reclamaron que el gobernador y las autoridades del COE provincial «tomen cartas en el asunto».
Recién este martes el COE provincial informó oficialmente que 17 trabajadores de Cauchari están infectados. No obstante, fuentes cercanas a la planta aseguran que los testeos realizados sobre el primer y segundo anillo de contacto de los dos primeros casos positivos arrojaron 28 positivos.
La empresa difundió un segundo comunicado en el que se limitó a informar que «se han continuado realizando tests PCR, de los cuales, lamentablemente, han surgido más casos positivos», sin dar cifras.
Son varias las comunidades originarias que pueblan la zona cercana a la planta de Minera Exar, en el departamento de Susques. «En las comunidades hay muchos ancianos. Hay mucho miedo», aseguró el comunero.
«Estamos reclamando la intervención del COE provincial. El gobierno le ha cedido la soberanía de los derechos humanos a una empresa privada extranjera, pero se tiene que hacer cargo el señor gobernador de contabilizar, identificar. Esa gente no debería haber salido de Jujuy. Pero la empresa, constituida en un estado aparte, rige su ley sobre los operarios y las comunidades indígenas».
Ontiveros agregó: «Lamentablemente ya hemos reclamado muchas veces esto de dejarle la soberanía a las empresas mineras. A mí me parece que en ese territorio deben regir las leyes argentinas, de la provincia de Jujuy y de los municipios. No puede ser que una empresa se lleve por delante la Constitución con la anuencia o la omisión del gobierno, que debería defender los derechos de las poblaciones indígenas y la soberanía argentina sobre los recursos naturales».
«Todos los jujeños nos sometemos a la ley, menos la empresa minera», sentenció, y reveló que la gente tiene temor de hacer declaraciones «porque la minera le da trabajo y la condición es que no hablen».
«Ya sabemos cuáles son las reprimendas que tiene el gobernador para con las personas que hablan y salen a hacer declaraciones», completó.
El clima social en la zona de Susques es preocupante. Las comunidades tienen miedo por su salud y se siente desprotegida. «Esto es abandono de persona», afirmó Ontiveros. Frente a esta situación, están pidiendo a legisladores provinciales -«por lo menos los de la oposición, aunque sean minoría»- que hagan las denuncias correspondientes.
