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Por Irina Hauser, en Página/12. Entre chicanas e ironías, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura una ley que le otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar sentencias dictadas por la Justicia nacional en cualquiera de sus fueros (civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral o de la seguridad social).
El tema llegó al recinto de prepo, sin debate previo, colado en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales. Lo que implica, en realidad, es una reforma a medida de las necesidades de Mauricio Macri en la causa comercial del Correo Argentino, como anticipó Página/12.
De hecho, es un calco de la estrategia judicial que ya utilizó la empresa al pedir rescate a lxs supremxs porteñxs para apartar a la jueza Marta Cirulli, que ordenó la quiebra, igual que a la fiscala Gabriela Boquin, quien reveló un sinfín de irregularidades.
A la vez habilita una institucionalización del fórum shopping, es decir, la posibilidad de elegir un tribunal amigo o afín.
La norma obtuvo 38 votos a favor y 20 en contra. La Corte Suprema tiene dos planteos pendientes sobre la cuestión. Mientras tanto, se avizoran conflictos en expedientes y organizaciones de abogadxs y magistradxs que analizan planteos de inconstitucionalidad y acciones a adoptar.
Justo en la semana posterior a las PASO, lxs legisladorxs que responden a Horacio Rodríguez Larreta y sus aliadxs aprovecharon el contexto que llevaba la atención al gobierno nacional, y en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que se había consensuado con el Frente de Todos, hicieron un agregado que cambiaba radicalmente el sentido de la propuesta: «Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires».
Esto, traducido, implica habilitar que un tribunal local se meta en las decisiones de la Justicia nacional, cuyos proyectos de reforma siempre tramitan en el Congreso de la Nación. Pero ayer desembarcó el tema para ser votado en el recinto de la Legislatura, donde el larretismo domina.
El TSJ, que tiene cinco miembros, responde mayoritariamente a Macri, y también a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del expresidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Luis Lozano tiene posiciones más oscilantes. Alicia Ruiz suele votar en disidencia.
La polémica
La autora del proyecto, María Luisa González Estevarena, se explayó sobre los cambios que trajo la pandemia para sostener el servicio de Justicia en forma remota y cuando llegó al punto crítico de la cuestión del TSJ se escudó en el argumento ya anunciado de «la autonomía» porteña.
Entre las voces críticas que comenzaron a llover, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) retrucó que «bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad» para eso.
Cámpora contó que se había puesto a revisar casos donde se haya intentado la intervención del TSJ, para ver qué se busca. Dijo que se encontró con: «Pedidos Ya apelando un fallo de la Justicia nacional que reconoce derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. La (propia) Legislatura recurre al TSJ para contrariar una condena por discriminación laboral. ¡Con razón los laboralistas están preocupados!», exclamó.
Luego agregó que «la verdad de la milanesa está en el fuero comercial»: «La causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri. Y cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos».
En la misma línea, Claudia Neira (FdT) señaló: «Sólo se está creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino (…) Esta norma no resuelve nada (…) ¿Qué va a suceder? Esto se dilata en el tiempo, Macri ganó tiempo. ¡Gracias diputados que le dieron un elemento más!».
Pablo Almeida (FIT) sostuvo que se trata de un «artilugio» para darle atribuciones sobre la Justicia nacional a un tribunal que, recordó, «es un órgano que, con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, ha dicho que para acceder a una vacante en la escuela pública una familia tiene que demostrar pobreza». Amanda Martín (FIT) coincidió y dijo que todo se trata de «cubrir un sistema judicial que garantiza el poder del poder político» y es un «blindaje para aquellas causas que están en el limbo hace mas de 20 años, sobre estafas ligadas al expresidente». «Es un atropello que no vamos a acompañar», alegó.
Del lado del oficialismo, Martín Ocampo (UCR-Evolución), exministro de Seguridad porteño, intentó presentar la propuesta como una «ampliación de derechos» en supuesto beneficio de la ciudadanía y el «principio de igualdad ante la ley».
«Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, los que ejercen el comercio en la ciudad, no tienen las posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que los que viven trabajan o ejercen el comercio en otras provincias», señaló. «¿Desde cuando es una cuestión de intervención federal el divorcio de una señora o un señor de la Ciudad de Buenos Aires?», simplificó.
Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) salió a respaldar esa postura con un discurso burlón, donde trataba a la oposición como si se hubiera quedado en el pasado. «Vengo del futuro», empezó su discurso.
Lxs legisladorxs se interrumpían entre sí. Alguno, como Sergio Abrevaya (GEN), admitió tácitamente el favor a Macri pero dijo que «porque se sospeche de un caso no voy a dejar de votar». Ocampo volvió a la carga con un argumento sorprendente: para «los trabajadores», dijo, sería una ley beneficiosa. Hasta la Cámara de Apelaciones del Trabajo había firmado una resolución, antes de la sesión, donde expresaba su «preocupación» y advertía a la Legislatura que estaría actuando «fuera de sus prerrogativas constitucionales».
Desde hace días, abogadas y abogados laboralistas advierten su preocupación particular. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio sostuvo que más allá del caso Correo, la ley votada «abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as».
En sentido similar, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas apuntó la «sospecha de crear un ‘fórum shopping'» y el efecto concreto de generar «una nueva instancia para la Justicia Nacional del Trabajo, con la dilación que ello significa», para procesos que ya son extensísimos. Es una ley «contra las personas que trabajan», marcó.
La legisladora Cámpora detalló la lista de rechazos de asociaciones y organizaciones que comenzaron a circular desde los días previos, que incluye al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
Esta última, por ejemplo, convocó a una reunión extraordinaria para hoy. Ya habían sacado un comunicado donde rechazaban «enfáticamente» el proyecto de Vamos Juntos que concede al TSJ atribuciones que no tiene y decían que la Legislatura no es competente. «El único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los organismos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes», dijeron. Es posible que judicialicen el tema y planteen la inconstitucionalidad de la norma.
A imagen y semejanza
La ley aprobada es una herramienta que intenta dar respaldo legal a lo que ya hizo el Correo-Socma de los Macri en tribunales para seguir eludiendo la deuda millonaria que arrastran hace dos décadas. Es lo mismo con forma de ley de la Ciudad.
Cuando se veían venir la declaración de quiebra del Correo –que se produjo en julio último–, le fueron a pedir al TSJ que aparte a la jueza del expediente comercial, Cirulli, y a la fiscala Boquin, la que reveló en 2017 el acuerdo «ruinoso» y «abusivo» con Macri de los dos lados del mostrador para licuar la deuda. Lxs supremxs porteños aceptaron intervenir e inmiscuirse así en la Justicia nacional comercial. La Cámara Comercial rechazó esa intervención y hasta el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no es competente sobre los tribunales nacionales.
La discusión en este y otro expediente está pendiente en la Corte Suprema, que hoy cambia de presidente.
La estrategia desplegada en la Legislatura es una arista más de una forma de colonizar la Justicia que comenzó con Macri como jefe de gobierno –entre otras cosas multiplicó juzgados porteños para tener jueces y juezas propios– y que adquirió su máxima expresión durante sus años en la Presidencia, donde el armado de tribunales propios se complementó con la persecución de rivales y un papel central de su «mesa judicial». El oficialismo porteño ha decidido darle continuidad a esa política.
