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Represión en Jujuy: Más de 40 heridos, unos 25 detenidos y cacería policial por los barrios

Más de 40 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 25 detenidos es el saldo de más de cuatro horas de represión que la Policía de Jujuy mantiene sobre manifestantes que protestan contra la reforma de la Constitución provincial, que fue aprobada y jurada en la Legislatura local. Grupos de efectivos de Infantería recorren los barrios persiguiendo y deteniendo gente, en una verdadera cacería indiscriminada.

El avance policial comenzó poco después de las 11 de la mañana contra una nueva y multitudinaria marcha que congregaba a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña, que protestaba contra la reforma en las puertas de la Legislatura local, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva carta magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña atacaron a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos, en un clima de tensión que escaló cuando personas no identificadas comenzaron a arrojar piedras, de acuerdo a los testimonios recogidos.

Durante los incidentes, la policía arrojó cápsulas de gases lacrimógenas, disparó balas de goma y hasta lanzó piedras con gomeras. También se difundieron imágenes en las que se muestran casquillos de balas de plomo.

A la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado y de Caballería, mientras se desplegó una verdadera cacería de manifestantes ya en los alrededores del centro, llegando incluso a la zona de la vieja terminal y el barrio Mariano Moreno.

Uno de los manifestantes, Nelson Mamaní, del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), recibió una herida profunda en la cabeza al recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Fue trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria, donde lo intervenían quirúrgicamente.

“Nelson está siendo operado porque le estalló en la cabeza una capsula de gas que le provocó una herida grave. Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales”, señaló a Télam Gladys Aramayo, integrante del MAR.

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha. Desde el colectivo HIJOS advirtieron que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy.

A ellos se suman Claudia Ayarde, Ana Arroyo, Cintia Díaz, Analía Vilca, Sara Pérez, Juan José Flores, Mayra Vilca, Carolina Luna, Enzo Cruz, Agustina Gasparovic, Elsa Ochoa, Noemí Torres, e Irma Ramos, entre ellos varios docentes detenidos.

“Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza”, indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.

Previamente, algunos manifestantes ingresaron al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones, luego de que en el interior del edificio, los convencionales constituyentes votaron y juraron el nuevo texto. Algunas personas ingresaron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura provincial luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas del recinto.

En ese mismo momento, los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialistas a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

«Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente, damos por aprobada y jurada la nueva Constitución de Jujuy», expresó Morales.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido ayer el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un “banderazo”, portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replican con más de 20 cortes de ruta en localidades como La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador Gral. San Martín, Suques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, Perico y Purmarmarca, donde el pasado sábado se registró represión contra comuneros indígenas.

Las comunidades realizaron asambleas en las que ratificaron las protestas, con cortes y permanencias, y pasado el mediodía evaluaban realizar una gran marcha a la capital provincial este miércoles.

Las organizaciones sociales repudiaron los dichos del mandatario provincial, quien expresó que el reclamo en la provincia de Jujuy forma parte de una “maniobra política partidaria”, al apuntar nuevamente contra la dirigente social Milagro Sala y otros sectores.

“El reclamo es profundamente político, sí. El pueblo jujeño ha manifestado en las últimas semanas su cuestionamiento a una política de empobrecimiento y precarización laboral, pero no somos títeres”, dijo en una conferencia de prensa del colectivo Intergremial, Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

A su turno, Susana Ustarez, referente del Asociación Provincial de los Organismos de Control (Apoc), sostuvo que la Constitución que se pretende jurar, “no reúne la legalidad y legitimidad que debe tener un cuerpo normativo de esta entidad”.

“A pesar de los retrocesos que hizo el gobernador Morales resultan insuficientes porque lo que queremos es la caída integral de la reforma constitucional porque sostiene graves declaraciones contra la protesta social”, completó en relación a la prohibición de cortes de rutas, calles y la toma de edificios públicos.

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