El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, denunció penalmente a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Investigará la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el establecimiento penitenciario.
Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci llegaron el 11 de julio pasado en una camioneta de la cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura.
Los pedidos de información remitidos por la justicia al Servicio Penitenciario Federal (SPF) se iniciaron cuando el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la visita.
Obligado le pidió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable política del SPF, que le informe de manera urgente, pero la funcionaria se tomó casi una semana. En esos días, respaldó a los diputados oficialistas que visitaron la Unidad 31 de Ezeiza y a atacar a Slokar, a quien acusó de no tener la “misma vara” para todos.
La periodista Luciana Bertoia revela en el diario Página/12 que la contestación al TOF 5 llegó pero no llevaba la firma de Bullrich ni del titular del SPF, Fernando Martínez. El jefe penitenciario optó por un perfil bajísimo después de que se filtraran chats en los que Benedit –organizador de la comitiva a Ezeiza– lo describió como un “excelente colaborador”, lo que daba cuenta de que se había forjado un vínculo entre ambos. Posiblemente porque el diputado entrerriano es habitué de la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los criminales de la última dictadura.
El oficio que llegó al escritorio de Obligado fue remitido por el subdirector del SPF, Diego Morel. Lo único que decía era que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio, pero no detallaba quiénes eran esos diputados ni con qué represores se habían entrevistado.
Obligado corrió vista a las partes y el abogado querellante Pablo Llonto pidió que se iniciara una investigación. Lo respaldó el fiscal Félix Crous.
Para entonces, dos de las diputadas que fueron a Ezeiza, Bonacci y Arrieta, dijeron públicamente que habían ido engañadas, sin saber que iban a ver a los torturadores de la última dictadura. Arrieta llegó a decir que ella no sabía quién era el exmarino porque había nacido en 1993.
A partir de esas declaraciones, Llonto entendió que se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta.
Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.
El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. En esa línea, si esa documentación no estaba, tanto integrantes del SPF como legisladores podrían ser responsabilizados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.
El defensor Guillermo Jesús Fanego, abogado de Adolfo Donda y de Alberto González –el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel– reclamó que se desechara los planteos de la querella y de la fiscalía. Obligado decidió formular una denuncia penal para que investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El caso estará en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
Fuente: Página/12
