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El Gobierno Nacional dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.
El funcionario sostuvo esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.
Luego, explicó que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial de este martes.
También comunicó el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, indicó Adorni.
Y continuó: “La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”.
Los números de Vialidad
Tras el anuncio, el gobierno brindó datos del funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, los que dejarán de ser erogaciones para el Estado Nacional.
“Tiene una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo”, afirma el texto.
“Por ejemplo, se registra un cargo (si se cuentan gerencias, subgerencias, divisiones y seccionales) cada 3 agentes; prácticamente un auto o camioneta por agente operativo; y maquinaria pesada (retroexcavadoras, fresadoras, palas mecánicas, topadoras, etc.) cada dos agentes, lo que refleja una desproporción entre los recursos materiales disponibles y la capacidad para operarlos, afectando la eficiencia en la gestión y asignación de dichos activos” agregaron.
“La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, optimizando el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”, concluyó el comunicado.
