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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una creciente tormenta política y judicial. A los cuestionamientos por el traslado de su pareja, Bettina Angeletti, en el avión oficial rumbo a Nueva York, se ha sumado información financiera reportada por el Banco Central que pone bajo la lupa la transparencia de sus gastos.
Los números que no cierran
Según registros de la Central de Deudores del Sistema Financiero, tanto Adorni como su esposa mantienen niveles de endeudamiento que resultan difíciles de justificar con un sueldo oficial de aproximadamente 3.500.000 pesos.
- Manuel Adorni: En enero de 2026, su stock de deuda superó los 9.350.000 pesos. En meses previos, las cifras fueron aún más abultadas, alcanzando picos superiores a los 10 millones.
- Bettina Angeletti: En el mismo periodo, su nivel de deuda con entidades financieras superó los 8 millones de pesos.
Estos montos, que corresponden mayoritariamente a consumos de tarjetas de crédito y otros productos bancarios, contrastan con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, lo que ha disparado las sospechas sobre cómo la pareja logra costear un estilo de vida que incluye estadías en hoteles de lujo (como The Langham, con noches de hasta 6.500 dólares) y vuelos privados, como el reciente viaje a Punta del Este.
Fuego cruzado en el Congreso y la Justicia
La situación del funcionario ha derivado en múltiples presentaciones judiciales y un fuerte embate parlamentario:
- Pedido de interpelación: Germán Martínez (Unión por la Patria) solicitó que Adorni se presente ante la Cámara de Diputados bajo el artículo 101 de la Constitución, advirtiendo que el Congreso podría avanzar hacia una moción de censura.
- Denuncias por malversación: Legisladores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, junto a la exlibertaria Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, han radicado denuncias por malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
- Investigación de oficio: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha iniciado una investigación preliminar para determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública.
