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Susana Ustárez, titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control, calificó de «preocupante» la actitud del gobierno, que cerró todo diálogo con los gremios de la Multisectorial Cuyaya. En diálogo con El Submarino, adelantó que habrá profundización de medidas de fuerza, además de presentaciones judiciales y administrativas.
Sobre la frustrada reunión de ayer, Ustárez relató: «Nos hicieron una reseña de los acuerdos ya logrados con ‘el 80 por ciento’ de los estatales, por lo que dan por cerrada la negociación, porque según elloss nosotros somos minoría y no incidimos».
El Ejecutivo provincial se plantó en el 24 por ciento ya acordado con los otros gremios estatales, que se completa con el 5 por ciento en agosto, y sobre los otros puntos del petitorio no dio ninguna respuesta, a lo sumo dejó abierta la posibilidad de volver a conversar, pero más adelante.
“Sobre el blanqueo, nos dijeron que va a ser después de septiembre, que convocarían a una comisión de trabajo, pero sin ningún apremio. Es evidente que no se reconoce la ilegalidad”, comentó Ustárez.
Para la sindicalista, la postura mostrada por el gobierno ayer fue “una ratificación de los dichos del vicegobernador” Jenefes, “incluso hablaron de garantizar el derecho al que quiere trabajar, por lo cual la lectura es que quieren reprimir a los sindicatos en huelga”.
El gobierno insistió en la falta de representatividad de los dirigentes de la Multisectorial Cuyaya, diciendo que el resto de los gremios, los que firmaron el acuerdo del 24 por ciento –algunos “bajo protesta– representan el 80 por ciento de los trabajadores de la administración pública.
“Aun si ellos fueran el 80 por ciento, nosotros tendríamos derecho a una reunión seria”, dijo Ustárez, y acusó: “Ellos inclumplen la ley de paritarias, que está hace años pero no se implementa. Y tienen la firma de sindicalistas que se ven involucrados en el accionar político, y eso los ha condicionado en su actividad sindical”.
Los dirigentes que participaron ayer en la reunión propusieron al gobierno que se convoque a un plebiscito entre trabajadores estatales sobre la propuesta oficial. “Dijeron que no –relató Ustárez-, pero nosotros lo vamos a seguir analizando. Proponemos una crisis dirigencial, es delicado, pero creemos que sería una forma de reconocer el valor de la opinión personal. Lo vamos a trabajar como una idea”.
Respecto de los pasos a seguir, confirmó que ya empiezan a desarrollarse asambleas en todas las regiones de la provincia, para después organizar un plenario provincial, “convocando a la totalidad de los empleados públicos sin perjuicio de la afiliación que tengan o no a un sindicato, para que expresen su opinión”. En ese plenario, adelantó, se resolverá la profundización del plan de lucha “para que el gobierno haga la lectura que tiene que hacer, que no somos una minoría; y aun si lo fuera, hay que encontrar un mecanismo”.
Para Ustárez, la actitud del gobierno “puede ser preocupante”, por lo que van a pedir que reconsideren su posición y acepten el diálogo, “porque esto no fue un diálogo”, dijo. En tanto, se siguen haciendo presentaciones judiciales y administrativas, en los bloques legislativos, en el poder judicial, en el ámbito laboral y con los organismos involucrados en la liquidación de sueldos, como por ejemplo la Anses. “La lucha gremial no es incompatible con la lucha legal”, precisó la sindicalista.
