A 3 años del aborto legal, disminuyó la mortalidad materna y los embarazos de niñas y adolescentes

Por Silvina Molina, en Télam. En la Argentina, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que fue promulgada el 14 de enero de 2021, periodo en el que disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes.

Este domingo se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la Ley que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020.

El dato sobre cantidad de intervenciones desde que hay normativa en el país, lo brinda el equipo del proyecto Mirar que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos del Ministerio de Salud.

En tanto, el último informe con datos oficiales lo difundió al final de su gestión la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE, un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país.

«En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual», dice a Télam la médica Mariana Romero del equipo de Mirar y asesora externa del Grupo.

Y resalta que «para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños, niñes y adolescentes, con docentes y con equipos de salud».

La Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Así, reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del Código Penal y confirmado en el fallo «F.,A.L.» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

«No siempre sucede que una ley salve vidas, dignifique a las personas y otorgue seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que logra la Ley de interrupción del embarazo. Al implementarse, no se queda solo en palabras, sino que se convierte en una realidad en el país, generando eficiencia, garantizando igualdad y respetando la libertad», comenta a Télam, Agustina Ramón Michel, abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de derecho de la Universidad de Palermo.

En el plano normativo, la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) se pronunció esta semana en relación al DNU 70/2023 y las modificaciones propuestas por el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que presentó el Gobierno nacional, enfatizando que ambas iniciativas «no alteran lo establecido por la Ley 27.610, que está vigente en todo el país».

Para ejercer el derecho se necesitan insumos, que son los medicamentos misoprostol y mifeprestona recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales se entregaban desde la Dnssr.

Romero aporta que «250.000 personas desde la sanción de la Ley hasta octubre de 2023 pudieron interrumpir su embarazo en el sector público de manera legal y segura con medicamentos y otros insumos acordes a las recomendaciones de la OMS».

Otro dato del relevamiento oficial difundido por la gestión saliente es que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país, cuando en 2020 eran 907, en un proceso que incluyó una serie de acciones y capacitaciones que se realizaron en estos tres años para profesionales sanitarios, política pública establecida en el artículo 19 de la Ley 27.610.

Una de las políticas públicas que se dieron en paralelo a garantizar la IVE/ILE es el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que menciona Romero al principio de esta nota, que comenzó su implementación en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense.

En septiembre del año pasado se amplió a las 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA.

Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.

El Plan ENIA fue calificado como «innovador e inspirador» por Susana Sottoli la profesional argentina que asumió en 2022 el cargo de directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), en una entrevista con Télam.

Para asesorar sobre salud sexual y reproductiva existe la línea 0800-222-3444 que es nacional, gratuita y confidencial, que ente enero y octubre del 2022 recibió 24.012 llamados, de los cuales 9.599 generaron secuencias, es decir, gestiones por parte del equipo técnico, revela el informe oficial. De esas consultas, el 90,9% se relacionaron con aborto.

En cuanto los cuestionamientos judiciales a la ley IVE/ILE, el documento de la Dnssr informa que, desde la sanción de la Ley 27.610 se iniciaron 37 causas. En todas ellas se solicitó su inconstitucionalidad, ya sea por vía de amparo u otras acciones. En 2023 no se presentó ninguna nueva acción judicial.

«La justicia se expidió y rechazó de forma contundente 26 de estas demandas. Del resto de las causas: cuatro se encuentran esperando un pronunciamiento judicial, cuatro fueron archivadas y las tres restantes son causas reservadas y, por tanto, esta Dirección Nacional no tiene acceso directo al expediente», señala el documento.

Y resalta que «hasta el momento, no hay ninguna sentencia de fondo que avale las impugnaciones contra la Ley 27.610».

El Grupo de trabajo Acceso a la IVE-ILE cuenta con el apoyo institucional del Cedes y del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) Argentina.

Hasta el cierre de esta nota, no se recibió respuesta oficial sobre si se mantendrá la Dnssr.