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En la 8ª sesión ordinaria del año, la Legislatura de Jujuy tratará el proyecto enviado por el Ejecutivo de creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Sipanp), que según describió el oficialismo prevé el marco jurídico aplicable a la conservación de los componentes, lagos y sistemas ambientales del territorio, fomentando la creación de nuevas áreas naturales protegidas, públicas, privadas y de propiedad comunitaria indígena. Organizaciones campesinas y pueblos originarios rechazan la iniciativa porque no hubo consulta previa e informada y porque «legaliza el avance de los desmontes en lugar de proteger los bosques».
Néstor Jerez, representante del pueblo Ocloyas, expresó su rechazo en diálogo con El Submarino Radio (91.5): «Desconocemos totalmente de qué se trata, nunca nos informaron ni han hecho la consulta previa a las comunidades. Este proyecto de áreas protegidas va a afectar a los pueblos indígenas».
«Nos enteramos en los pasillos de este proyecto que aparece entre gallos y medianoche y que se estaría por aprobar hoy», sintetizó.
El dirigente puso la cuestión en un contexto en el que, aseguró, «se vienen aplicando medidas en contra de pueblos, como el intento de remate de tierras en Cueva del Inca; no se está respetando la ley nacional que dice que se deben suspender los desalojos, porque se sigue desalojando».
Por su parte, el diputado provincial Iñaki Aldassoro (PO) afirmó: «Se quiere poner al zorro a cuidar de las gallinas», y comentó: «Formalmente se presentó como una ley marco para que la provincia pueda tener un esquema de control de todas las reservas y áreas protegidas, ya sean reservas provinciales, municipales e inclusive las que tengan algún estatus internacional, como la reserva de las Yungas o la «Quebrada de Humahuaca».
«Lo que denunciamos es que acá no hay ningún interés del gobierno de defender las áreas protegidas sino que le da un marco legal a las acciones que ya se están llevando adelante», continuó, y dio ejemplos: «Existe la reserva natural de Cauchari Olaroz, pero de Olaroz se extrae litio y en Cauchari se está instalando un parque solar; hay una reserva natural en Chinchillas y ahí se está extrayendo material para procesar en el norte jujeño».
«Es decir, hoy hay reservas naturales pero no existe ningún tipo de control por parte del gobierno de la provincia», concluyó.
La crítica central está relacionada con que el proyecto habilita la desafectación de las áreas naturales, algo que ya ocurrió a principios de este años cuando el gobierno decidió desafectar el área natural protegida de los Perilagos. «Allí quieren montar un fabuloso negociado inmobiliario -describió Aldassoro-, que está parado por un amparo ambiental porque se desafectó el área sin siquiera tener un estudio de impacto ambiental».
El legislador se quejó además de que los funcionarios provinciales que estuvieron en la plenaria no dieron respuesta a las inquietudes que les plantearon. «Nosotros entendemos que esta ley chocaría en algunos aspectos con la de ordenamiento territorial de bosques nativos, y no se podrían aplicar dos leyes en una misma zona. Se han presentado como que son dos leyes absolutamente distintas, pero en realidad versan sobre mismas regiones, la zona de los bosques nativos».
«La ley habilita el uso extensivo e intensivo de todas las áreas protegidas para distintos tipos de explotación económica, sin que se especifique cuáles son esas zonas, sino que dice que una comisión va a determinar qué zonas se van a marcar como áras protegidas», describió, y definió: «Esta ley que busca armar un paraguas legal que siga habilitando la deforestación».
Aldassoro recordó: «No se ha podido discutir la ley de ordenamiento de bosques nativos a pesar de que estaba presentada con anterioridad, y hay una diferencia de 53 mil hectáreas de bosques nativos que se han perdido sin explicación, porque no hay ningún informe de deforestación ilegal o clandestina».
El diputado cargó también contra el bloque peronista: «Ellos dirigen la Comisión de Ambiente, pero evidentemente nha decidido cederle la iniciativa al bloque de gobierno que presentó esta ley y manejó la reunión plenaria de acuerdo a los intereses del gobernador».
En esta línea, remarcó que esta es la cuarta sesión consecutiva en la que solo se tratarán proyectos del Ejecutivo: «No se puede nunca avanzar con ningún proyecto que se trate en comisiones y la Legislatura termina funcionando para los intereses del Ejecutivo».
La CTA Autónoma Jujuy, por su parte, denunció «maniobras poco claras y sospechosas por parte del gobierno provincial» tras la reunión plenaria de las comisiones de Ambiente, Finanzas y Legislación, en la que estuvo presente el secretario de Biodiversidad, Javier Gronda, y la directora de Áreas protegidas, Mercedes Zamorano, como representantes del Ministerio de Ambiente, y en la que se dio dictamen favorable al proyecto.
«En menos de media hora, con chicanas, censura y una urgencia llamativa para la aprobación por parte de los diputados oficialistas levantadores compulsivos de manos, se aprobó por tratamiento express, retirándose rápidamente la comisión sin dar lugar a debate ni reclamos», advierten en un comunicado al que adhieren la Cooperativa Productores Agrícolas El Pongo; la Red Puna y Quebrada; la Casa Campesina, Organización Campesina Tierra Fértil; la Organización Campesina San Marcos de Los Alisos; la Organización Campesina de los Perilagos, y la Organización Campesina de los Perilagos, todas integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), además de ATE Parque Nacional Calilegua.
«Al igual con la ley de actualización del ordenamiento de bosques nativos, nuevamente los campesinos, pueblos originarios, pequeños productores y trabajadores, comunidad toda, fuimos dejados groseramente fuera del debate. Continúan resolviendo sin consultarnos», denuncian, y repudian «este accionar malintencionado y del todo alejado del ‘gobierno abierto y transparente’ que dicen tener; ante la versión de darle figura de ley en tratamiento el día de la fecha».
