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El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Alejo Ramos Padilla al frente del estratégico juzgado federal 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
A través del decreto 81/202, el gobierno comunicó el nombramiento de Ramos Padilla en el juzgado que estaba vacante desde 2014, cuando falleció el juez Manuel Blanco. Hasta que no sea convocado por la Cámara Federal de La Plata, seguirá desempeñándose al frente del juzgado federal de Dolores, aunque se descuenta que será en los próximos días. Es probable que el magistrado ya esté instalado para el 1° de marzo en la ciudad de las diagonales, estimaron fuentes judiciales.
Durante la última semana, Ramos Padilla continuó con las indagatorias a responsables y agentes del llamado «Proyecto AMBA», la iniciativa que desplegó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2016 y 2017 para hacer espionaje político en provincia de Buenos Aires. Deberá en los próximos días resolver la situación de esas cuatro personas que fueron indagadas. Por el espionaje durante el macrismo -ya sea en la causa que tenía como vértice a Marcelo Sebastián D’Alessio como en la del «Proyecto AMBA»- Ramos Padilla procesó a 28 personas, entre ellas a los máximos responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Juez federal desde septiembre de 2011, Ramos Padilla tiene un importante historial en La Plata, donde actuó como el abogado de María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y de la familia Timerman en el juicio contra el capellán Christian Von Wernich.
En el juzgado federal 1 de La Plata está radicada la causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López, desaparecido durante el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. La investigación está delegada desde 2009 en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata.
Además, tendrá en sus manos, por ejemplo, gran parte de la investigación sobre aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017, lo que podría explicar el cerrado rechazo opositor a la designación de Ramos Padilla. Algunos otros expedientes que tramitan allí son, por ejemplo, la judicialización de una gran toma en Los Hornos y la investigación sobre la desaparición y femicidio de Johana Ramallo, cuyos restos fueron hallados en 2018 y se cree que fue captada por una red de trata.
A esto hay que sumar todas las cuestiones electorales, en un año en que se eligen diputados y senadores. Sus competencias abarcan desde la organización de las elecciones generales y PASO, la revisión de candidaturas hasta la intervención de partidos políticos.
