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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó un expediente relacionado con la Expo Mundial Milan-2015. La causa, apuntada contra el fallecido canciller Héctor Timerman, empezó por iniciativa de un denunciador serial vinculado al PRO, Santiago Dupuy de Lome, el mismo que acusara -en alianza con la DAIA- a Cristina Fernández de Kirchner y al propio Timerman por el delito de traición a la patria por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Dupuy de Lome sostuvo que el pabellón se construyó mediante un decreto secreto, lo que resultó falso. También dijo que hubo conflictos de intereses, lo que fue desmentido por la Oficina Anticorrupción que maneja el macrismo. Finalmente remató su presentación afirmando que se utilizó una fundación para que no hubiera control de las cuentas. El juez demuestra que intervino la Sindicatura General de la Nación, la Procuraduría de Criminalidad Económica y la Auditoría General de la Nación. Martínez de Giorgi concluyó que no hubo delito alguno, ni de Timerman ni de ninguno de los demás funcionarios.
La Expo-Milán fue un acontecimiento al que concurrieron 20 millones de personas. El cálculo era que el pabellón argentino sería visitado por unas 3.000 personas diarias, pero el conteo oficial indicó que entraron más de 8.600 visitantes por jornada. La exposición es auditada mundialmente por un ente, el Bureau International de Exposiciones (BIE), que reúne a numerosos países, entre ellos los 128 que construyeron pabellón en Milán.
En su ofensiva contra el gobierno de CFK, Dupuy de Lome presentó una de las tantas denuncias con las que inundó Comodoro Py durante años. Timerman fue defendido por al abogado Alejandro Rua y el expediente llevó que cuatro años de instrucción. Se terminó cerrando ayer. El juez refuta las denuncias de De Lome, una por una:
*Que el pabellón se armó de manera oculta. El magistrado transcribe el Decreto 834/2014, declarando de interés nacional la Expo-Milano 2015. Pero, además, todo figuró en resoluciones ministeriales y hasta en el Presupuesto Nacional.
*El denunciante sostuvo que se utilizó una fundación, Exportar, para eludir los controles del Estado. El juez sostiene que Exportar es una fundación integrada por el Estado nacional y que todo fue controlado por la Sindicatura General de la Nación, que hizo un informe específico.
*La Procuraduría de Criminalidad Económica también hizo un análisis de lo hecho y no surgió irregularidad alguna.
*La Auditoría General de la Nación también ejerció control. Objetó que la existencia de un saldo de unos 13 millones de pesos, producto de lo recaudado por el restaurante del pabellón y algunos sponsors, no se haya reintegrado a la Cancillería. El dinero quedó para solventar actividades de Exportar, es decir para fomentar las exportaciones argentinas. Exportar presentó certificación de todos los gastos.
*La Oficina Anticorrupción analizó si en el armado del pabellón o en las personas designadas para llevar adelante la Expo-Milán existieron incompatibilidades con cargos en la Cancillería. La propia AO, manejada por Laura Alonso, desestimó esa acusación.
Para la familia Timerman la decisión de Martínez de Giorgi significa un reconocimiento. Quedó expuesta una vez más la metodología de usar la justicia para la política: acosar a los funcionarios, instalar falsas sospechas, hacerlos recorrer los tribunales como represalia por integrar un gobierno progresista y, sobre todo, por esa via ocultar las políticas económicas del macrismo a favor de los privilegiados.
Por Raúl Kollmann, en Página/12
