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En la sesión legislativa de este miércoles está prevista la aprobación del proyecto del Ejecutivo para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Mental. Sin embargo, se mantiene la controversia respecto del uso de electroshock en el tiempo en que estuvo vigente la resolución que lo autorizaba.
La diputada (PJ) Patricia Armella, presidenta de la Comisión de Salud, dijo en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz) que tanto el ministro Mario Fiad como el secretario José Manzur “tendrían que dar un paso al costado, o en su defecto salir a explicar” las contradicciones en esta materia. Y adelantó que insistirán en el pedido de informes para conocer si efectivamente se usó esa terapia, en qué pacientes y con qué fondos.
-¿Qué diferencias hay entre la situación nacional y la provincial respecto de la salud mental?
-Hay una gran diferencia, porque los problemas de salud mental tienen un componente cultural, uno biológico, uno psicológico… Por ende, cada provincia diseña su estrategia, su línea de acción. Además, el plan tiene que estar acorde a los recursos con los que se cuenta en el sistema de salud pública.
-¿El Plan Provincial de Salud Mental que les entregó el ministro Mario Fiad responde a eso?
-No. En este caso el Ministerio de Salud de la provincia ha hecho una copia fiel del Plan de Salud Mental de la Nación, que se elaboró en 2013.
-¿Eso es bueno o malo?
-La crítica es que no tienen establecidas claramente las líneas de acción ni el monitoreo para controlar si se está yendo por el mejor camino en el abordaje de esta problemática. Pero este es el plan de salud mental que le hicieron presentar al señor gobernador: una copia fiel del nacional, incluso en la bibliografía.
-En este estado de situación, ¿cómo evalúa que se apruebe hoy la adhesión a la ley nacional?
-Hoy puede llegar a ser un día muy importante. Después de la situación irregular e irresponsable manifestada por el ministro y por el gobernador sobre el uso de la técnica electrocompulsiva, se puso sobre el tapete que Jujuy no estaba adherida a la ley nacional de salud mental. Entonces ahora podemos llegar a consensuar una ley que para que a partir de allí se pueda controlar de forma correcta la asistencia pública, determinar la política que tiene el Ministerio con respecto a la salud mental de la población de Jujuy.
-¿Quedaron conformes con las explicaciones de Fiad en la reunión de la comisión?
-No, la verdad es que se ha perdido una gran oportunidad porque no dio ninguna explicación. Ahora estamos abocados a que se apruebe la ley, pero no renunciamos al tema porque hubo un periodo de un mes en el que estuvo en vigencia la resolución donde el secretario de Salud Mental de la provincia autorizaba el uso de electroshock. Entonces queremos saber si se utilizó, en qué pacientes y si se usaron fondos de la obra social de la provincia.
-Desde el oficialismo dicen que esta denuncia es oportunismo político. ¿Qué responde a eso?
-Que no tiene nada que ver. Nosotros venimos trabajando la ley hace bastante, porque la consideramos necesaria para la provincia. Y los hechos evidenciaron que en el ministerio había una falencia terrible respecto a esta terapia, que se habrá podido realizar o no pero evidenció una contradicción entre lo que manifestaba el ministro como plan para la provincia y lo que sus funcionarios estaban accionando sobre los pacientes, sobre todo en el hospital público.
-¿El nuevo marco legal va a regular la aplicación de la TEC?
-Creemos que es necesario que hoy surja la adhesión a la ley nacional de salud mental, en lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Como existen dos posturas entre profesionales de salud, psiquiatras o psicólogos, nunca se había podido avanzar. La provincia estaba adherida a una resolución del órgano revisor nacional que recomendaba la prohibición de esta técnica, y sin embargo se autorizó el electroshock. Eso nos revolucionó a todos, y a partir de esto espero que lleguemos a buen puerto, que sería la adhesión a la ley nacional, para a partir de allí avanzar en el respeto a los derechos humanos del paciente con alguna alteración mental.
-La ley nacional establece la formación de un Órgano Revisor multidisciplinario, que es el que recomendó prohibir el uso de la TEC. En el proyecto del Ejecutivo provincial, ¿está contemplada la creación de un Órgano Revisor provincial? ¿Y con qué características?
-Si tenemos en cuenta que el ministerio viene copiando textualmente la ley nacional, el órgano de revisión debería estar constituido por el Ministerio Público, organismos de derechos humanos, profesionales de la salud, educadores sanitarios, terapistas ocupacionales, antropólogos… Así está definido en el proyecto que nosotros venimos presentando desde el año 2014.
-La Asamblea de Salud Mental advirtió en un comunicado que el proyecto oficialista pretende crear un Órgano de Revisión que solo será elegido por el Poder Ejecutivo.
-Nosotros pretendemos que ese órgano salga constituido de la Legislatura. Espero que en la discusión en el recinto no haya doble discurso, que muestren realmente que son un gobierno abierto, con información y participación.
-Dicen también que se usó electroshock de manera experimental con pacientes de la puna jujeña y que se intentó lucrar con pacientes en rehabilitación. ¿Es así?
-Esas son las denuncias, que investigaremos en un segundo paso en relación al pedido de informes con respecto al uso del electroshock.
-¿Van a citar a los funcionarios renunciados, el matrimonio compuesto por el director del Sequeiros y la directora de Salud Mental?
-Vamos a seguir la vía jerárquica, empezando por el ministro, y pretendemos que venga acompañado del secretario de Salud Mental, José Manzur, que es quien firmó esa polémica resolución.
-¿Usted cree que Fiad y Mazur deberían dar un paso al costado?
-Tendrían que dar un paso al costado, o en su defecto salir a explicar. Claramente, no hay una coordinación estratégica en política sanitaria. Y estamos percibiendo la realidad en salud de manera diferente. Tiene que haber un ajuste de tuerca, no se puede tapar el sol con los dedos.
