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El Protocolo de abortos no punibles de 2015, que había sido actualizado por la resolución del ahora exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, derogada por decreto presidencial, está vigente. Así lo aseguraron especialistas en derecho consultadas por el diario Página/12, quienes señalaron que el decreto de Mauricio Macri simplemente dejó sin vigencia la actualización, pero no su versión anterior. Hay, sin embargo, voces disidentes, que señalan que el decreto derogatorio debía haber señalado explícitamente el retorno a la situación anterior.
Si bien fuentes del ministerio de Desarrollo aseguraron que el Protocolo de 2015 sigue vigente, ninguna autoridad de esa cartera respondió públicamente sobre la cuestión.
«El gobierno tiene la responsabilidad de transmitir tranquilidad a los equipos de Salud de todo el país», señaló la abogada e integrante del Cedes Agustina Ramon Michel, para quien «no hay dudas» de que el Protocolo anterior sigue vigente, algo que debe ser «comunicado con claridad».
Para Ramón Michel, «la regla es que después de una derogación se vuelva a la situación jurídica anterior, que en este caso es la existencia del Protocolo de 2015». El decreto de Macri deroga la resolución que contenía el Protocolo de 2019, pero nada dice sobre 2015.
«Por supuesto que el Protocolo de 2015 es bueno, pero la derogación del actualizado nos deja con estándares viejos, que no se están adecuando a los nuevos estándares de consentimiento de niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad, que no se están adecuando al Código Civil ni a la Convención de los derechos de personas con discapacidad», añadió la abogada.
En el mismo sentido, Mariela Puga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Entre Ríos, afirmó que «lo derogado fue la actualización, no el Protocolo anterior». «Técnicamente, la actualización, el Protocolo 2019, fue una reforma, y lo que se anula, con la derogación, fue esa reforma. Por eso sigue vigente el de 2015 tal cual estaba a principios de la semana», aseguró.
Amparo colectivo
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien anunció que presentará un pedido de amparo colectivo para revertir el decreto derogatorio, discrepó con Ramón Michel y Puga. «El decreto derogatorio debía haber incluido explícitamente la aclaración de que esa derogación reestablece el Protocolo de 2015», interpretó el abogado en diálogo con este diario.
Gil Domínguez, además, está preparando «un amparo colectivo para plantear que derogar la actualización del Protocolo es algo regresivo en términos de derechos». La decisión de Macri «deja sin efecto una norma pero sin que esa derogación sea a favor de algo más garantista».
«Hay una frase de (el constitucionalista Germán) Bidart Campos que señala que los derechos se incrementan por adición, pero nunca disminuyen por sustracción», señaló Gil Domínguez, en referencia a lo que el amparo buscará proteger. «El gobierno sacó una norma más amplia sólo para dejarla sin efecto, y después, además, no da fundamentos válidos de por qué la derogó», añadió.
