La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y la ministra de Salud, Eidy Roca, mayo de 2020.

Bolivia: Piden que no permitan salir del país a la ministra de Salud de la dictadura de Áñez

La Fiscalía General de Bolivia solicitó la activación de la alerta migratoria en contra de la exministra de Salud del gobierno de facto, María Eidy Roca, acusada de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 344 ventiladores mecánicos provenientes de China para hacer frente a la epidemia del covid-19.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, confirmó a medios locales que la dependencia solicitó ante la Dirección General de Migración la activación de la alerta en contra de Roca, lo que implicaría que las autoridades migratorias están obligadas a impedirle salir del país.

El pasado lunes 1° de marzo, la Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a Roca por la presunta comisión de los siguientes delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Escándalo de corrupción

El 26 de mayo de 2020, la entonces presidenta de facto, Jeanine Áñez, posesionó a Roca como ministra de Salud, en sustitución de Marcelo Navajas, quien estaba siendo investigado por irregularidades en la compra de 170 ventiladores médicos a la empresa española IME Consulting Global Services.

El escándalo de corrupción durante el gobierno de facto estalló porque se hizo público que esos ventiladores mecánicos fueron adquiridos a un sobreprecio de alrededor del 300%, y además no eran adecuados para atender a los pacientes con covid-19 que ingresaban a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Como titular de la cartera, ahora Roca está acusada de firmar «de manera irregular» una enmienda que modificó el contrato de la compra de ventiladores mecánicos, suscrito entre el Ministerio de Salud y la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos S.A.U. Sucursal Bolivia.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la exministra de Salud firmó un anexo contractual que modificó dicho convenio, cuando estaba al tanto de que los ventiladores mecánicos no «cumplían con las especificaciones técnicas», según había documentado la Comisión de Recepción de los Respiradores mediante 40 observaciones.

«Al encontrarse en un cargo de responsabilidad de salud de la población tenía el deber jurídico de servidora pública de corroborar que estos ventiladores reúnen las condiciones técnicas para la Unidad de Terapia Intensiva que se solicitaron», apuntó, por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Marcos Villa Pareja.

En el marco de las irregularidades en la compra de ventiladores mecánicos, el Gobierno boliviano estima un daño económico por seis millones de bolivianos (unos 869.712 dólares).

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