Braga siguió hablando, pero no rompió el pacto de silencio

Este jueves pasado, se realizó una audiencia, la N°76 de la Mega-Causa por delitos de Lesa Humanidad en Jujuy. La jornada inició con el desistimiento que hizo Roque Inés Cari, ex policía en Mina El Aguilar, de usar el derecho que le asiste de decir las últimas palabas en el proceso judicial.

Está acusado en esta causa por allanamiento Ilegal y privación ilegal de la libertad agravada por violencia.

Posteriormente, el represor Rafael Mariano Braga, siguió prestando declaración defensiva por tercera vez, en forma consecutiva. Está imputado por los delitos de torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada por violencia, por ser partícipe primario de torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada por violencia en perjuicio de 51 víctimas.

Resaltó que llegó una docena de oficiales tenían cargos que iban de Mayor a Capitán, Además de Braga, arribaron el Mayor Padellada; el Capitán Alfredo Estanislao Valdés López que era subsecretario de gobierno de la provincia y supervisaba la cárcel de Gorriti; el Capitán Raúl Pablo Barilleau que formó parte de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia; entre otros

Revelo que el ex gobernador, Carlos Snopek y el ex vicegobernador, Alfredo Benítez, depuestos por el golpe de Estado del 24 marzo de 1976, tenían la costumbre de reunirse con el coronel Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería 20 (RIM 20) y primer interventor militar de la provincia durante la dictadura desde el 24 de marzo hasta el 22 de abril de 1976 cuando lo sucedió el General Urdapilleta.

Luego dio a conocer los funcionarios de facto, la primera comprende el periodo que va desde el 24 de marzo hasta el 22 de abril de 1976 y la segunda, desde esa fecha hasta el mes de diciembre y nombró a uno por uno a los militares que ocupaban cargos políticos.

Posteriormente, demostró su enojo contra sus jefes, y que ellos, subalternos “sólo cumplíamos órdenes y obediencia debida” tratando de excusarse de sus responsabilidades.

La realidad muestra que Braga sigue dolido por la traición de sus jefes, muchos de los cuales murieron sin ser sometidos a un juicio por todos los delitos de lesa humanidad que cometieron. Se quejó que Bulacios, ni ninguno de los jerarcas militares de la época, fueran citados para los juicios por la verdad, ni por la comisión investigadora de la legislatura de Jujuy (delegación de la CONADEP), sosteniendo que Bulacios y el agente de operaciones Tabbia murieron en el 2009 sin ser juzgados, mientras él y otros ya llevaban más de un año preso y acusó a la justicia federal de encubridora.

En este punto de la audiencia, se volvió a dar un cuarto intermedio, y el presidente del TOF, Federico Díaz, tuvo que advertir al abogado defensor y al genocida declarante por la alevosía con la cual repetían una y otra vez preguntas y respuestas que ya se efectuaron en las audiencias anteriores.

De manera perversa, admitió que, en el año 1983, por orden del General Nicolaide, todos esos registros fueron quemados en todas las Unidades militares del país. “Si no fuera por ello, se podría saber exactamente por los lugares donde pasaron todos los presos políticos de la época, porque el sistema estaba diagramado para que todo quede registrado”, discurrió Braga.

Finalmente, la fiscalía a cargo de Marina Cura le consultó a Braga por sus conocimientos acerca de la creación de la central de inteligencia 323 que funcionaba en el RIM 20. Sobre esto, el represor dijo que no vio nunca un boletín en el que se haya creado un organismo de inteligencia manejado por el Capitán Jones Tamayo.

Pasado el mediodía, termino la audiencia y quedan pendientes las preguntas para Braga de uno de los defensores. El próximo jueves declarará el ex comisario José Américo Lescano.

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