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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este jueves que «si se toma la calle va a haber consecuencias», al presentar «un protocolo para el mantenimiento del orden público» que incluye la identificación de quienes corten calles, la intervención de fuerzas federales en coordinación con las provinciales para reprimir las movilizaciones, la incautación de vehículos que traslades a manifestantes y el cobro de los gastos que demanden los operativos a las organizaciones que violen la normativa.
«La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple», dijo Bullrich.
«Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales», precisó la ministra durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.
De los dichos de Bullrich se desprende que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para adecuar las normas vigentes a esta política: «Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», indicó.
El artículo 194 del Código Penal establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Bullrich remarcó que el Gobierno tiene «una decisión tomada» de que «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte».
«Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», señaló.
En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales «van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación» y que «si se corta la vía principal, se libera la vía principal» sin importar que exista «una vía alternativa».
«Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos», añadió, y resaltó que «se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados».
La funcionaria agregó que «se va a trabajar» en las estaciones de tren para detectar a las personas que «vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad», y adelantó que esos elementos serán incautados.
«En el caso de participación de niños y adolescentes, se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños a las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela», destacó.
También planteó que «se va a crear un registro de las organizaciones que participan» en cortes de la vía pública, y remarcó que «enviará la factura» a las organizaciones o individuos responsables por todos «los costos vinculados a los operativos de seguridad».
«El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo», sostuvo.
Bullrich aclaró que este protocolo no aplicará a las celebraciones religiosas o eventos deportivos, como las maratones organizadas por empresas privadas, que se desarrollarán sin problemas siempre y cuando se gestionen los permisos correspondientes.
Al presentar el protocolo, Bullrich indicó: «Hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas», y aseguró que el propósito de las nuevas normas es «cumplir la ley».
«Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas», afirmó.
Esta mañana, en un anuncio que realizó en la Casa de Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que «por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», Bullrich daría por la tarde una rueda de prensa con los detalles del protocolo.
Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
